El Gobierno de España ha establecido proyecciones de gasto para el año 2026, anticipando un aumento del 4,2% en términos anuales. Esta cifra, aunque se mantiene dentro de los márgenes estipulados por las normas fiscales de la Unión Europea, supera el objetivo del 3,5% que el propio Gobierno había fijado en su Plan Fiscal Estructural 2025-2028. La previsión de crecimiento del gasto refleja un esfuerzo por equilibrar el cumplimiento de las normativas europeas con las necesidades de inversión del país, especialmente en el ámbito de la defensa.
En este contexto, el Gobierno ha presentado a la Comisión Europea su 'Informe de Progreso Anual', que detalla el cumplimiento de los compromisos fiscales y las políticas económicas incluidas en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo, que fue dado a conocer en octubre de 2024. Este informe se convierte en un documento fundamental para la planificación fiscal a medio plazo, ya que establece las bases sobre las que se evaluará el desempeño económico del país en los próximos años.
El informe también resalta que España logró cumplir con las reglas de gasto para el año 2025, con un crecimiento del gasto primario neto del 4,5% en el último ejercicio, lo que se encuentra dentro de los límites establecidos en el Plan Fiscal. Sin embargo, esta cifra representa un incremento por encima de las metas originales del Ejecutivo, lo que podría generar interrogantes sobre la sostenibilidad de las políticas fiscales en el futuro. En el acumulado de 2024 y 2025, el gasto computable mostró un crecimiento del 8,7%, cumpliendo con las normativas europeas, pero con un margen que podría afectar el manejo fiscal a largo plazo.
Una parte significativa de este crecimiento en el gasto se atribuye al aumento en la inversión en defensa, que ha sido un foco de atención para el Gobierno español. Este incremento, que representa 0,3 puntos porcentuales del crecimiento total del gasto, ha llevado a que España alcance el 2% del PIB en gasto en defensa, según las últimas estimaciones proporcionadas por la OTAN. Este enfoque en la seguridad refleja una respuesta a las crecientes tensiones geopolíticas en la región y la necesidad de una mayor inversión en capacidades defensivas.
El 13 de abril, España solicitó formalmente a Bruselas la activación de la cláusula nacional de escape, una herramienta que permite cierta flexibilidad en el cumplimiento de las normas fiscales en circunstancias excepcionales, como el aumento de los gastos en seguridad y defensa. Esta solicitud se alinea con los esfuerzos de otros 17 Estados miembros de la UE que han hecho demandas similares, señalando una tendencia hacia una mayor flexibilidad fiscal en un entorno global incierto.
Para el año 2026, el Gobierno español se propone nuevamente cumplir con la regla de gasto, proyectando un crecimiento del 4,2% en el gasto computable y acumulando un 13,3% durante el período 2024-2026. Estas cifras se encuentran por debajo de los límites de 0,3% y 0,6% del PIB establecidos por las normas fiscales europeas, lo que sugiere una intención de mantener un equilibrio entre el crecimiento del gasto y el cumplimiento de las normativas.
El informe también aborda la situación macroeconómica actual, que se caracteriza por una elevada incertidumbre debido a la guerra en Irán y la volatilidad de los mercados energéticos. A pesar de estos desafíos, el Gobierno mantiene su previsión de crecimiento del PIB real en un 2,2% para 2026, alineándose con las expectativas de analistas de diversas instituciones. Sin embargo, la situación global plantea riesgos significativos que podrían impactar en las proyecciones económicas y fiscales a mediano plazo.
