El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha revelado en su reciente informe que España ha experimentado una notable pérdida en su competitividad fiscal, posicionándose en la 34ª posición entre 38 países analizados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Este descenso, que representa una caída de cinco lugares desde 2018, sitúa al país 11,5 puntos porcentuales por debajo de la media de la Unión Europea, lo que plantea serias preocupaciones sobre el diseño y eficiencia del sistema tributario español.
El informe titulado 'Competitividad Fiscal 2025. Una reflexión sobre la imposición en el turismo', fue presentado por Íñigo Fernández de Mesa y Gregorio Izquierdo, presidente y director general del IEE, respectivamente. Este documento, que también incluye la nueva edición en español del Índice de Competitividad Fiscal Internacional elaborado por la Tax Foundation, revela que España ha obtenido una puntuación de 57,9 sobre 100, lo que evidencia un deterioro en comparación con otras economías avanzadas. Este índice refleja no solo una baja competitividad, sino que también destaca la necesidad urgente de reformar un sistema fiscal que se considera cada vez más desventajoso para el crecimiento económico.
La investigación del IEE indica que la caída en los niveles de competitividad fiscal en España es indicativa de un problema estructural que afecta su capacidad para atraer inversiones. Países como Estonia, Letonia, Nueva Zelanda, Suiza y Luxemburgo se destacan por tener sistemas tributarios más eficientes y amigables con el crecimiento. Estos modelos simplifican la carga tributaria y fomentan un entorno propicio para la inversión, mientras que el sistema español se percibe como complejo y poco atractivo.
El IEE también ha desarrollado un indicador de presión fiscal normativa que estima la carga que el diseño legal del sistema impositivo impone a los contribuyentes. Según este análisis, la presión fiscal en España es un 17% superior a la media de la Unión Europea, y un 18% por encima de la media de la OCDE. Esto sugiere que la competitividad fiscal de España no solo está en declive, sino que también es estructuralmente desfavorable en comparación con sus pares europeos, lo que podría limitar su capacidad de crecimiento a largo plazo.
El informe también destaca que la presión fiscal, medida en términos de recaudación, ha aumentado en España en 2,3 puntos del PIB entre 2018 y 2024, mientras que la media en Europa ha disminuido en 0,6 puntos. El IEE argumenta que factores como el alto desempleo y la economía sumergida son causas estructurales que contribuyen a esta discrepancia. Se estima que si España lograra converger con la media europea en estos indicadores, podría incrementar su recaudación fiscal en más de 39.000 millones de euros, sin necesidad de aumentar los impuestos vigentes.
En términos de esfuerzo fiscal, el estudio revela que la carga tributaria que enfrentan los españoles es un 14,1% superior a la media de la Unión Europea, tomando en cuenta su capacidad económica. Es especialmente preocupante el caso de la imposición directa, como el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto sobre Sociedades, donde la diferencia alcanza el 16,5%, lo que plantea interrogantes sobre la equidad del sistema tributario español.
Finalmente, el informe dedica una atención especial a la fiscalidad empresarial, destacando su impacto en decisiones clave para el crecimiento económico, como la inversión y la innovación. El IEE argumenta que una revisión del sistema tributario podría no solo mejorar la competitividad, sino también estimular un entorno más dinámico y atractivo para las empresas. Este análisis subraya la necesidad urgente de un cambio en las políticas fiscales para revitalizar la economía española y asegurar su competitividad en el contexto global.
