En un contexto económico complejo, el Ministerio de Economía de Argentina ha revelado que en mayo se logró un superávit primario de $1,9 billones y un superávit financiero de $478.000 millones. Sin embargo, este avance a nivel nacional contrasta con una realidad preocupante en las provincias, que exhiben un deterioro significativo en sus cuentas públicas. De acuerdo con análisis realizados por expertos, este superávit nacional se ha logrado a expensas de las finanzas subnacionales, que se ven cada vez más afectadas por la reducción de transferencias y un aumento en el gasto.

La situación es particularmente alarmante, ya que desde el inicio de la gestión de Javier Milei, el equilibrio fiscal nacional no se ha sostenido por un incremento en los ingresos tributarios, que siguen mostrando caídas reales en diversos períodos. En cambio, se ha fundamentado en un drástico recorte del gasto público. Este ajuste ha tenido un impacto desproporcionado en las provincias, que no solo han visto disminuidas las transferencias nacionales, sino que también han tenido que continuar brindando servicios esenciales a su población bajo crecientes restricciones presupuestarias.

Según datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP), se ha registrado un aumento del 3,4% en los ingresos totales de las provincias entre 2024 y 2025. Sin embargo, este incremento resulta insuficiente frente a un crecimiento del gasto público que alcanzó un 6,9% en términos reales. Las provincias, por lo tanto, enfrentan un escenario en el que sus gastos corrientes aumentan a un ritmo superior al de sus ingresos, lo que ha llevado a un cambio total en su resultado fiscal. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) ha señalado que el resultado primario de 2024, que había sido superavitario, se transformó en un déficit de $380.000 millones en 2025.

El contraste es notable: mientras que en 2024 las provincias mostraban un superávit de $4,8 billones a valores de mayo de 2026, en 2025 se registró un déficit de $3,6 billones. Este retroceso en las cuentas provinciales resalta la dependencia de estas jurisdicciones de las transferencias nacionales y la falta de recursos propios para cubrir sus necesidades. La situación se agrava aún más si se considera que el gasto en intereses de deuda creció un 14% en el mismo período, lo que limita aún más la capacidad de las provincias para invertir en infraestructura y servicios públicos.

Expertos de la consultora Vectorial han advertido que el deterioro de las finanzas provinciales ya no es exclusivo de aquellos distritos más vulnerables. Este fenómeno se ha extendido incluso a provincias que históricamente se han mantenido en una posición financiera más sólida. La falta de recursos y el aumento de las obligaciones fiscales han puesto en jaque la capacidad de estas jurisdicciones para mantener la inversión y financiar servicios esenciales como la salud y la educación, lo que podría repercutir negativamente en el bienestar de sus ciudadanos.

Por otro lado, el fenómeno del ajuste fiscal que se ha impuesto desde el Gobierno nacional no ha eliminado el déficit del sector público consolidado, sino que simplemente ha reubicado el problema. Lo que el Gobierno presenta como un superávit se traduce en un rojo fiscal para las provincias. Este escenario plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del sistema fiscal argentino, ya que las provincias absorben una parte cada vez mayor del costo del ajuste, lo que les dificulta cumplir con sus compromisos y mantener la calidad de los servicios que ofrecen a la población.