La reforma del subsidio destinada a personas mayores de 52 años, implementada en 2019, generará un costo significativo para la Seguridad Social, que se estima en 17.935 millones de euros entre 2019 y 2030. Este análisis proviene de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que también prevé un aumento en el gasto del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de 1.818 millones de euros anuales hasta 2030. Estos números reflejan el impacto de la reforma en el número de beneficiarios y en la economía pública.
El estudio de Fedea, realizado por los economistas Fernando Pinto, Carlos Garcimartín y Miguel Ángel García, revela que la reforma de 2019 ha incrementado en más de 300.000 el número de perceptores del subsidio. Este cambio se produce a raíz de la decisión de flexibilizar las condiciones de acceso, que anteriormente habían sido endurecidas en 2012. La reducción de la edad de acceso a los 52 años, junto con la modificación en la evaluación de rentas, ha permitido que más personas se beneficien de este apoyo económico.
Los investigadores también destacan que la reforma no solo amplió la base de beneficiarios, sino que también incrementó la base de cotización por contingencias comunes del 100% al 125% del Salario Mínimo Interprofesional. Esta modificación es clave, ya que se traduce en un aumento del 4,72% en la pensión inicial de aquellos que accedan al subsidio, lo que repercute directamente en el gasto de la Seguridad Social.
Las proyecciones de Fedea indican que para el año 2030, el número de beneficiarios adicionales atribuibles a la reforma alcanzará casi 316.000 personas, llevando el total de perceptores a 529.880. Esta cifra contrasta notablemente con los 214.163 beneficiarios que se hubieran registrado sin la reforma. Este crecimiento en el número de beneficiarios no solo afecta el presupuesto del SEPE, sino que también tiene implicaciones más amplias para la sostenibilidad del sistema de pensiones.
Para realizar sus estimaciones, Fedea empleó un modelo dinámico basado en datos históricos y proyecciones macroeconómicas, considerando las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del SEPE hasta 2025. Este enfoque metódico permite a los autores ofrecer un panorama más claro sobre cómo las decisiones políticas afectan la economía a largo plazo y la viabilidad del sistema de protección social.
En resumen, el análisis de Fedea pone de manifiesto los desafíos financieros que enfrenta la Seguridad Social debido a la reforma del subsidio para mayores de 52 años. Aunque la intención de la reforma era mejorar la situación de un grupo vulnerable, los costos asociados a esta medida podrían poner en riesgo la estabilidad del sistema a medida que se amplían los beneficios. Es crucial que los responsables de políticas consideren estos datos al planificar futuras reformas en el ámbito del empleo y la protección social, garantizando así la sostenibilidad del sistema a largo plazo.
