Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, el ajuste del gasto público se ha convertido en un eje central del programa económico del país, con la meta clara de lograr y sostener un superávit fiscal. Este enfoque ha generado repercusiones significativas en las provincias argentinas, que han visto reducidos drásticamente los recursos que reciben del Estado Nacional. Un estudio reciente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) revela que durante los últimos 26 meses, las transferencias nacionales, tanto automáticas como no automáticas, han caído en un total equivalente a USD 17.735 millones.
El informe, elaborado por el economista Nadin Argañaraz, ofrece un panorama detallado sobre cómo esta disminución ha afectado a las 23 provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En particular, el análisis se centra en la comparación mensual acumulada entre los promedios de 2023 y los meses comprendidos entre enero de 2024 y febrero de 2026, lo que permite observar la magnitud del ajuste en el contexto de las finanzas públicas.
Al considerar el total de las transferencias, el dato es contundente: el recorte en el financiamiento de las jurisdicciones subnacionales asciende a USD 17.735 millones. Sin embargo, este ajuste no se manifiesta de la misma manera en todos los tipos de transferencias. De acuerdo al análisis, las provincias han sufrido una reducción acumulada de $36 billones en moneda constante de febrero de 2026, donde el 57% de esta merma se debe a la disminución de las transferencias no automáticas, mientras que el 43% restante corresponde a la baja en las transferencias automáticas.
Un hallazgo notable del informe es que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presenta un comportamiento atípico en comparación con el resto de las provincias. Gracias a una medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia que elevó su coeficiente de coparticipación del 1,4% al 2,95%, CABA ha registrado un aumento acumulado de $550.000 millones en moneda constante. Este incremento en las transferencias no automáticas ha permitido compensar la caída en las transferencias automáticas, lo que contrasta con la situación general de las provincias.
Las transferencias no automáticas, que dependen de decisiones políticas y asignaciones presupuestarias específicas, han sido las más afectadas por el recorte del Ejecutivo. Para las 23 provincias, la pérdida acumulada en este rubro alcanza los $20,5 billones (a valores de febrero de 2026). En este contexto, Buenos Aires se erige como la provincia más afectada, con un recorte de $10.561.298 millones. Le siguen Santa Fe, que ha sufrido una disminución de $1.054.089 millones, y La Rioja, con un ajuste de $938.113 millones.
A pesar de que Buenos Aires lidera en términos absolutos, al evaluar el impacto por habitante, el panorama cambia significativamente. Argañaraz destaca que La Rioja es la provincia con mayor descenso por persona, con una pérdida de $2.314.951 por habitante. Tierra del Fuego y Chubut también se encuentran entre las jurisdicciones más perjudicadas, con recortes per cápita de $1.014 y $1.307, respectivamente. Este análisis pone de manifiesto la desigualdad en la distribución de los recursos y cómo el ajuste fiscal afecta de manera diferenciada a las distintas regiones del país.
El impacto de estas decisiones fiscales se siente en el día a día de los ciudadanos de las provincias, quienes enfrentan limitaciones en servicios públicos y obras esenciales. La reducción en las transferencias nacionales no solo afecta la capacidad de las provincias para cumplir con sus obligaciones financieras, sino que también pone en riesgo el desarrollo local y la calidad de vida de sus habitantes. El análisis de Argañaraz nos invita a reflexionar sobre la necesidad de un equilibrio en la distribución de recursos, que garantice un soporte adecuado a todas las jurisdicciones del país, en un contexto donde la equidad y la justicia social deben ser prioritarias en la agenda pública.
