En un movimiento que promete generar un profundo impacto en el sector inmobiliario, el Gobierno de Javier Milei se prepara para enviar en las próximas semanas un proyecto de ley al Congreso de la Nación con el fin de desregular la actividad del corretaje inmobiliario. Esta medida, promovida por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, plantea un cambio radical en la concepción de esta actividad, que pasaría a considerarse un servicio de intermediación comercial en lugar de una profesión liberal. Este enfoque ha desencadenado tensiones con los colegios de martilleros, que han buscado apoyo político para frenar el avance de la propuesta.
La iniciativa contempla la eliminación de la obligatoriedad de la matrícula en un colegio profesional, así como la supresión de aranceles mínimos y honorarios obligatorios, además de la derogación de la exigencia de título universitario que establece la Ley 25.028. De acuerdo a lo que informaron fuentes cercanas a la redacción del proyecto, también se prevé desarticular el monopolio que ejercen los colegios en su papel sancionador y eliminar las restricciones geográficas que limitan la operación en distintas jurisdicciones. Este enfoque busca abrir las puertas del mercado inmobiliario a una mayor competencia y facilitar el acceso de nuevos actores al mismo.
Los argumentos esgrimidos por los promotores de este proyecto indican que el corretaje inmobiliario ha sido históricamente restringido por barreras artificiales, tales como la matriculación obligatoria y la imposición de honorarios mínimos. Estas restricciones, según los defensores de la desregulación, han limitado la competencia y elevado artificialmente los precios en un sector que, por su naturaleza, debería ser más accesible. “El corretaje inmobiliario debe ser visto como un servicio de intermediación comercial y no como una profesión liberal”, enfatizó una fuente que participó en la elaboración del proyecto, sugiriendo que el cambio de paradigma es fundamental para revitalizar el sector.
A principios de mayo, durante un evento sobre las expectativas y realidades del mercado inmobiliario, Sturzenegger defendió la propuesta, calificando de “aberración social” que un colegio profesional imponga un precio mínimo para servicios en este ámbito. En sus declaraciones, el ministro argumentó que si bien los colegios pueden tener un papel en el mercado, no deben usar su influencia para establecer condiciones que no reflejen la dinámica del mercado. La intención del proyecto es, además, reducir los costos de construcción y garantizar un mayor acceso a la vivienda, un tema crítico en el contexto actual de crisis habitacional en el país.
Sin embargo, la propuesta no ha estado exenta de controversias y reacciones. Desde que se anunció la intención del Gobierno de enviar este proyecto de ley, se han generado movimientos tanto a favor como en contra. La semana pasada, diputados de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires intentaron presentar un proyecto similar a nivel provincial, buscando desregular el sector en su jurisdicción. Sin embargo, este intento debió ser retirado debido a que no se alineaba con el texto que se propone a nivel nacional, lo que evidencia la fragmentación y la falta de consenso respecto a la desregulación inmobiliaria.
La situación actual plantea un escenario complejo en el cual se enfrentan los intereses de los colegios de martilleros y la visión del Gobierno de transformar el sector. La propuesta de desregulación podría abrir un nuevo capítulo en la historia del corretaje inmobiliario en Argentina, pero también conlleva riesgos que deben ser cuidadosamente evaluados. Muchos actores del sector han expresado su preocupación por la posible pérdida de estándares profesionales y la calidad del servicio que se brindará sin las regulaciones actuales.
En conclusión, la iniciativa del Gobierno de desregular el sector inmobiliario se presenta como una medida audaz que busca modernizar y hacer más accesible esta actividad crucial para la economía. Sin embargo, la discusión en torno a la propuesta tendrá que navegar por un campo minado de intereses y posturas encontradas, mientras el país enfrenta el desafío de garantizar un acceso equitativo a la vivienda para todos los ciudadanos.
