El Gobierno de la Nación ha dado un paso significativo al aprobar el nuevo modelo de Contrato de Concesión entre el Estado Nacional y la empresa Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA). Esta decisión, formalizada a través de la resolución 543/2026, publicada en el Boletín Oficial, marca el inicio de una nueva etapa en la gestión de servicios esenciales que afectan a más de quince millones de ciudadanos. La necesidad de un marco normativo claro y actualizado responde a la intención de garantizar la continuidad de los servicios de agua potable y saneamiento, pilares fundamentales para la salud pública y el bienestar de la población.
La aprobación del contrato se enmarca dentro de la implementación de la ley 27.742, que declaró a AySA como “sujeta a privatización”. Esta legislación otorga al Ejecutivo la responsabilidad de organizar los procedimientos necesarios para la venta de la mayoría accionaria a un operador estratégico, lo que implica un cambio significativo en la estructura de gestión de la empresa. Este contexto de privatización ha generado un debate amplio sobre la eficacia y la calidad de los servicios que se brindan en la actualidad, así como las implicancias que podría tener esta medida en la accesibilidad y costo de los mismos.
El contrato de concesión regula la provisión de servicios de agua potable y la recolección de desagües cloacales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en veinticinco partidos del conurbano bonaerense. Entre ellos se encuentran localidades de alta densidad poblacional como La Matanza, Quilmes, y Avellaneda, entre otras. La inclusión de estas áreas subraya la importancia de garantizar un servicio continuo y de calidad, especialmente en regiones donde la infraestructura sanitaria es crítica para el bienestar de sus habitantes.
Con la aprobación de este contrato, se establece que AySA debe cumplir con un Plan de Acción de Transición que se extenderá hasta finales de este año, además de integrar metas a largo plazo que abarquen el primer ciclo tarifario, que va desde enero de 2027 hasta diciembre de 2031. Este enfoque a largo plazo es fundamental para asegurar que la transición hacia un modelo de gestión privado no comprometa la calidad del servicio ni su cobertura, algo que preocupa a numerosos sectores de la sociedad.
La continuidad del servicio es una de las prioridades de este nuevo esquema. El Ministerio de Economía, como autoridad de aplicación, deberá adoptar medidas para evitar cualquier tipo de interrupción durante el proceso de privatización. Este aspecto es crucial, ya que cualquier fallo en la prestación de servicios podría acarrear consecuencias graves para la salud pública y la calidad de vida de los ciudadanos, lo que pone la presión sobre el gobierno y la futura empresa gestora.
La venta de al menos el 51% del paquete accionario de AySA a un operador estratégico se realizará mediante una licitación pública, tanto a nivel nacional como internacional. La posibilidad de colocar el resto de las acciones en bolsas y mercados locales también está contemplada, lo que podría resultar en una mayor participación del sector privado en la gestión de servicios públicos. Sin embargo, este proceso no solo implica un cambio en la propiedad, sino que también debe conllevar una transformación profunda que garantice la sustentabilidad, eficiencia y transparencia del servicio, tal como se enfatizó en el Informe Circunstanciado elaborado por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.
Finalmente, el nuevo contrato de concesión también prevé la posibilidad de negociar condiciones para la retrocesión y extinción de contratos en caso de que sea necesario. Este aspecto es relevante, ya que establece un marco claro para la gestión futura de la empresa y la protección de los derechos de los consumidores y trabajadores involucrados. En este sentido, el desafío será mantener un equilibrio entre la eficiencia empresarial y la responsabilidad social que implica la gestión de servicios esenciales como el agua y el saneamiento.
