En un contexto de crisis climática que afecta a gran parte del país, el Gobierno argentino ha formalizado la declaración de emergencia y/o desastre agropecuario en las provincias de Chubut y Santa Cruz, así como en varios departamentos de Mendoza. La resolución fue publicada en el Boletín Oficial en la madrugada del miércoles, y responde a las adversas condiciones climáticas que han impactado severamente a los productores agropecuarios en el sur y oeste del territorio nacional. Esta medida busca proporcionar un marco legal que permita a los afectados acceder a una serie de beneficios económicos y fiscales para mitigar los efectos de la situación actual.
Las resoluciones, firmadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, establecen diferentes períodos de vigencia y condiciones específicas según la región y el tipo de desastre. En el caso de Chubut, se ha declarado un estado de emergencia y/o desastre agropecuario por sequía, que tendrá una duración de un año, comenzando el 7 de enero de 2026 y extendiéndose hasta el 7 de enero de 2027. Este marco temporal es crucial para que los productores ganaderos de la provincia puedan planificar y gestionar sus actividades en medio de una crisis que ha puesto en jaque su sustento.
Las autoridades han dejado en claro que los productores que deseen beneficiarse de las ayudas contempladas en la ley deberán presentar un certificado emitido por la autoridad provincial que valide los daños sufridos en sus explotaciones. Este procedimiento es fundamental, ya que el Gobierno provincial deberá remitir un listado de los afectados a la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, con el fin de que se puedan activar las medidas de asistencia necesarias. Entre las ayudas disponibles se encuentran prórrogas impositivas y líneas de financiamiento a través de entidades bancarias, tanto nacionales como provinciales.
En Santa Cruz, la situación es similar. La Resolución 792/2026 establece un estado de emergencia y/o desastre agropecuario para las explotaciones ganaderas afectadas por sequías y vientos intensos. Este estado de emergencia tendrá vigencia desde el 3 de febrero de 2026 hasta el 3 de febrero de 2027. Al igual que en Chubut, los productores de Santa Cruz deberán realizar la presentación de certificados para poder acceder a los beneficios fiscales y de crédito que ofrece la normativa vigente, asegurando así que puedan sobrellevar la difícil situación que enfrentan.
Por otro lado, en Mendoza, la Resolución 765/2026 ha declarado el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en 16 departamentos de la provincia, donde heladas y granizo han causado estragos en los cultivos. Para los cultivos afectados por heladas, el período de emergencia se extiende desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 31 de marzo de 2027, mientras que para aquellos dañados por granizo, la vigencia es del 1 de enero de 2026 hasta la misma fecha de 2027. Esta diferenciación en los períodos de emergencia es relevante, dado que permite abordar las necesidades específicas de cada tipo de cultivo y sus productores.
El esquema de beneficios para los productores mendocinos sigue la línea de lo establecido por la Ley N° 26.509 de Emergencia Agropecuaria, lo que implica que deberán presentar la documentación requerida para acceder a los alivios fiscales y crediticios. Además, el Ministerio de Economía y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) colaborarán en la implementación de medidas de apoyo para ayudar a los afectados. En un clima de incertidumbre económica, estas resoluciones son un intento del Gobierno por brindar un respiro a un sector que es vital para la economía nacional.
La declaración de emergencia agropecuaria no solo refleja la gravedad de la situación climática que enfrentan estas provincias, sino que también subraya la necesidad de una respuesta coordinada y efectiva ante las crisis que afectan a los productores. La situación actual exige no solo medidas de emergencia, sino también una planificación a largo plazo que contemple la adaptación de los sistemas productivos a los desafíos climáticos y económicos que se avecinan. Así, el futuro del agro argentino dependerá de la capacidad de los productores y del Gobierno para trabajar de manera conjunta en la búsqueda de soluciones sostenibles y efectivas.
