En un contexto donde los precios internacionales del petróleo han alcanzado cifras alarmantes, el Gobierno argentino ha tomado la decisión de modificar las regulaciones que rigen la calidad de los combustibles. Esta medida busca reducir el impacto del costo del crudo en el mercado interno y, de esta manera, aliviar la presión sobre los precios de las naftas. Desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, el precio del barril de petróleo ha superado los 100 dólares, lo que ha llevado a un incremento del 20% en el costo de las naftas en el país.

La Secretaría de Energía, bajo la dirección de María Tettamanti, ha elevado el límite de oxígeno permitido en las naftas al 5,6%. Esta modificación permitirá que las refinerías incorporen una mayor proporción de bioetanol en la mezcla de combustibles de manera voluntaria. Aunque la resolución, identificada como 79/2026, no altera el corte obligatorio de bioetanol ni añade exigencias adicionales para las refinadoras, sí otorga más flexibilidad en la composición de los combustibles que se ofrecen en el mercado.

La clave de esta iniciativa radica en que, al permitir una mayor mezcla de bioetanol, las refinerías pueden reducir la cantidad de petróleo crudo en sus productos finales, lo que puede llevar a una contención de precios en un contexto de alta volatilidad internacional. La Secretaría ha destacado que el contenido de oxígeno en las naftas está directamente relacionado con el porcentaje de bioetanol utilizado, lo que justifica la necesidad de esta actualización normativa. De esta manera, las empresas tienen la opción de ajustar sus procesos para utilizar hasta un 15% de bioetanol sin comprometer la calidad del combustible.

El impacto de la guerra en Medio Oriente ha sido significativo, no solo en el precio del petróleo, sino también en la economía argentina en general. Actualmente, el precio de las naftas ha alcanzado los 2000 pesos por litro, lo que representa un aumento del 19% solo en el último mes. Este incremento se suma a una escalada del 63,6% en el último año, un aumento que casi duplica la inflación anual del país, que se encuentra en un 33,1%. Este panorama ha generado un clima de preocupación entre los consumidores y analistas económicos.

Un estudio realizado por la consultora Focus Market ha revelado que un significativo 46,6% del costo que asumen los consumidores por la nafta corresponde a impuestos. En detalle, un 41,5% de este importe se destina a la Nación, un 3% a las provincias y un 2,1% a los municipios. Esta carga impositiva, que incluye los Impuestos a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, juega un papel crucial en la determinación del precio final que paga el consumidor en las estaciones de servicio.

Por ejemplo, un litro de nafta que se vende a 2000 pesos incluye un gravamen de 365,56 pesos que se desglosa en impuesto específico de 18,45 pesos y un IVA de 347,11 pesos. Esto significa que el costo base de la nafta, después de impuestos, se sitúa en 1634 pesos, lo que representa un 81,72% del precio en surtidor. Esta estructura de precios resalta la complejidad del mercado de combustibles en Argentina, donde las decisiones del Gobierno y los factores internacionales están intrínsecamente ligados a la experiencia del consumidor.