En un contexto donde la seguridad de las inversiones es cada vez más crítica, el Gobierno ha decidido poner en marcha una mesa de coordinación destinada a fortalecer la protección de los proyectos incluidos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Esta medida busca abordar de manera proactiva las amenazas que pueden surgir del narcotráfico y la delincuencia organizada, temas que han cobrado relevancia en el discurso público y político del país.
La creación de esta mesa fue anunciada oficialmente a través de la Resolución 461/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, la cual fue publicada recientemente en el Boletín Oficial. El nuevo espacio, denominado "Mesa de Coordinación para la Seguridad de Inversiones Estratégicas en el marco del RIGI", servirá como un punto de encuentro y articulación entre diferentes organismos nacionales, autoridades provinciales y actores privados que estén involucrados en grandes proyectos de inversión. Este enfoque interinstitucional responde a la necesidad de optimizar la seguridad de inversiones que, por su envergadura, podrían convertirse en objetivos atractivos para organizaciones criminales de carácter transnacional.
Los considerandos de la resolución destacan que la magnitud de las inversiones promovidas por el RIGI podría atraer la atención de grupos delictivos, lo que pone de manifiesto la urgencia de implementar medidas preventivas. Entre los riesgos mencionados se encuentran el lavado de activos, la corrupción, la extorsión y la posibilidad de que economías ilegales se infiltren en actividades legales. Este análisis revela una preocupación palpable en el Gobierno sobre las implicaciones que conllevan las grandes inversiones en un contexto de inseguridad y criminalidad.
Hacia fines de 2025, se estima que el régimen RIGI contaba con alrededor de diez proyectos aprobados, que suman más de 13.000 millones de dólares en inversiones, además de más de veinte iniciativas adicionales en diversas fases de evaluación. Las regiones más beneficiadas por estas inversiones incluyen provincias como San Juan, Catamarca, Salta, Mendoza, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires. Esta distribución geográfica resalta la importancia de contar con un enfoque de seguridad que sea tanto federal como específico para cada región.
La resolución también subraya la necesidad de establecer "mecanismos específicos de coordinación interinstitucional y prevención temprana" para garantizar la protección de la infraestructura crítica y asegurar la continuidad de los proyectos. Esto implica que la nueva mesa no solo se encargará de la vigilancia, sino que también jugará un papel activo en la planificación y ejecución de estrategias de seguridad.
La mesa estará compuesta por diversas entidades, incluyendo la Secretaría de Seguridad Nacional, la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, y la Unidad Antimafia, entre otros. Además, se prevé la participación de autoridades provinciales, el Ministerio de Economía y otros organismos relevantes. Entre sus funciones se contempla la elaboración de diagnósticos de riesgo, la coordinación de acciones preventivas y el análisis de amenazas emergentes relacionadas con las inversiones estratégicas.
Por último, es importante destacar que el Gobierno también fomentará la cooperación con empresas que lideran proyectos bajo el RIGI, así como con cámaras empresariales y operadores logísticos, para implementar protocolos de prevención, capacitaciones y sistemas de reporte de riesgos. La resolución aclara que esta medida no generará erogaciones presupuestarias y comenzará a regir de inmediato, lo que refleja un compromiso decidido por parte del Gobierno en la protección de inversiones críticas para el desarrollo económico del país.
