El Gobierno argentino, liderado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, se encuentra en la etapa final de elaboración de un paquete de propuestas que busca desregular diversos sectores clave de la economía nacional. Este conjunto de iniciativas será presentado ante el Congreso en el transcurso de esta semana, antes del receso invernal, y tiene como objetivo fundamental transformar el mercado inmobiliario, entre otros, para potenciar la competitividad y facilitar el acceso a la vivienda. La medida más destacada contempla la reconfiguración del corretaje inmobiliario, que podría dejar de considerarse una profesión liberal, convirtiéndose en un servicio de intermediación comercial.
La propuesta de desregulación, que será anunciada en la conferencia de prensa del nuevo vocero presidencial, Adrian Ravier, no se limita únicamente al ámbito inmobiliario. De acuerdo con fuentes oficiales, el paquete abarca también al mercado de capitales y al transporte por cabotaje, entre otros sectores, lo que refleja una estrategia más amplia del Gobierno para liberalizar la economía y fomentar la inversión. Esta reestructuración es parte de un esfuerzo continuo por parte del oficialismo para aliviar las cargas regulatorias que, según ellos, obstaculizan el crecimiento y la competitividad de la economía argentina.
Uno de los puntos centrales del proyecto inmobiliario es la eliminación de la obligación de contar con una matrícula profesional, así como la supresión de aranceles y honorarios mínimos. También se prevé la derogación de la exigencia de poseer un título universitario según lo establecido por la Ley 25.028, lo que podría abrir las puertas a una mayor participación de agentes en el mercado. Además, se busca desarticular el monopolio sancionador de los colegios profesionales, eliminar las sanciones por ejercer sin matrícula y abolir las restricciones geográficas que limitan la operación de agentes en diferentes jurisdicciones.
Los ideólogos de esta reforma argumentan que la estructura actual del corretaje inmobiliario ha sido moldeada por sindicatos y asociaciones que han impuesto barreras académicas y territoriales. Estas regulaciones, consideran, han restringido el acceso a la actividad, fijado precios artificiales y limitado la competencia en un sector que, a su juicio, debería ser más accesible. La propuesta de Sturzenegger apunta a democratizar la actividad inmobiliaria, reduciendo costos y, en consecuencia, facilitando el acceso a la vivienda.
En un evento reciente titulado “Real estate 2026: expectativas y realidad”, Sturzenegger expresó su firme postura en favor de la reforma. Calificó como “una aberración social” que un colegio profesional establezca precios mínimos para los servicios inmobiliarios, afirmando que la intervención del Estado en la fijación de precios distorsiona el libre mercado. Según el ministro, la intención es clara: disminuir los costos de construcción y facilitar el acceso a la vivienda para los ciudadanos, algo que se ha vuelto cada vez más crítico en el contexto económico actual.
Sin embargo, esta propuesta de desregulación ha generado una fuerte preocupación entre los martilleros y corredores de propiedades. El pasado 4 de junio, representantes del Colegio y Caja de Previsión Social de Martilleros y Corredores Públicos de Buenos Aires mantuvieron reuniones para discutir las implicancias de estos cambios. La incertidumbre acerca de cómo afectará esta medida a la regulación del mercado y a la calidad de los servicios ofrecidos ha suscitado un debate intenso, evidenciando la polarización de opiniones en torno a la desregulación del sector inmobiliario.
