El Gobierno argentino se encuentra en la etapa de elaboración de un nuevo proyecto de ley en el sector energético, el cual tiene como principal objetivo reformar los beneficios fiscales e impositivos vinculados a las energías renovables, así como ajustar el régimen de las denominadas "zonas frías". Este plan surge en un contexto crítico, donde la tensión geopolítica en Oriente Medio ha comenzado a afectar los precios internacionales de petróleo y gas, lo que a su vez repercute en la estabilidad de las finanzas públicas del país. En este marco, la intención del oficialismo es reducir el número de hogares que actualmente reciben subsidios en sus facturas de gas, una medida que, aunque necesaria desde el punto de vista fiscal, ha generado fricciones con los gobernadores de diversas provincias.
Las informaciones obtenidas por fuentes cercanas a las negociaciones indican que el oficialismo planea incluir en este nuevo proyecto varios puntos que ya habían sido discutidos en la discusión del Presupuesto 2026, el cual no logró ser aprobado en su totalidad en el Congreso. Uno de los puntos de mayor controversia en esa propuesta fue la derogación de la ley de Emergencia en Discapacidad, lo que llevó a que diversas fuerzas políticas se opusieran a su aprobación. La falta de consenso en torno a este tema ha llevado a que el Gobierno busque un enfoque más amplio para abordar la cuestión energética, especialmente en lo que respecta a la prórroga de beneficios para las energías renovables y la revisión del esquema de las zonas frías.
Uno de los aspectos centrales de este nuevo proyecto es la modificación de artículos clave de leyes existentes que regulan el subsidio de gas. En particular, se propone la sustitución del artículo 75 de la Ley 25.565 y del artículo 148 de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto 11.672. De acuerdo con la información disponible, el objetivo del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas sería financiar compensaciones a las empresas que proveen gas natural y gas licuado de petróleo en áreas específicas del país, como la Patagonia, el departamento de Malargüe en Mendoza y la región de la Puna. Esta medida también abarca la venta de cilindros y garrafas en esas áreas, así como el gas propano comercializado a granel.
El Gobierno persigue con este nuevo proyecto la reducción del número de hogares que reciben subsidios por pertenecer a las “zonas frías”. Actualmente, la ley establece que no solo los hogares de la Patagonia, Malargüe y la Puna tienen derecho a esos beneficios, sino que también se incluyen provincias como Buenos Aires, San Luis, Córdoba y Santa Fe. Esta expansión del beneficio ha generado un aumento considerable en el número de beneficiarios, que pasó de 950.000 a 4 millones de hogares desde la ampliación de la ley en 2021.
La Ley original de Zonas Frías, sancionada en 2002, limitaba los beneficios exclusivamente a las provincias del sur del país. Sin embargo, la ampliación realizada en 2021 introdujo nuevos criterios basados en parámetros bioambientales, permitiendo que más provincias accedieran a estos subsidios. Esta modificación fue impulsada por la necesidad de atender a una mayor cantidad de hogares en condiciones climáticas adversas, pero ahora la iniciativa del Gobierno podría revertir esos avances, generando malestar y preocupación en los sectores más vulnerables.
El desarrollo de este proyecto energético se lleva a cabo en un momento en que la economía argentina enfrenta múltiples desafíos, y cualquier ajuste en los subsidios podría tener consecuencias significativas en la calidad de vida de millones de ciudadanos. Por ello, es fundamental que el Gobierno logre un equilibrio entre la necesidad de sanear las cuentas públicas y la obligación de proteger a los sectores más vulnerables de la población. La presentación del proyecto en el Congreso, aunque no se espera a corto plazo, sin duda generará un intenso debate que involucrará a múltiples actores políticos y sociales, reflejando las complejidades del contexto actual.
