El Gobierno argentino ha decidido implementar una serie de reformas en el régimen de Zona Fría, con el objetivo de restringir el acceso a subsidios de gas natural en diversas regiones del país. Esta medida, que afecta a aproximadamente 1,2 millones de hogares, podría resultar en un ahorro fiscal de alrededor de $272.099 millones. Actualmente, el proyecto se encuentra en debate en la Cámara de Diputados, formando parte de un paquete legislativo más amplio que incluye la ley Hojarasca, lo cual genera un amplio espectro de opiniones y reacciones entre los legisladores y la población.
El régimen de Zona Fría fue establecido en 2002 para compensar las disparidades tarifarias en las regiones donde las condiciones climáticas son más severas, garantizando así el acceso al gas natural a los usuarios residenciales. Sin embargo, en 2021, bajo la gestión del entonces diputado Máximo Kirchner, este régimen se amplió considerablemente, aumentando la cantidad de beneficiarios de 950.000 a aproximadamente 4 millones de hogares. Esta expansión, que incluyó áreas como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, ha suscitado críticas por parte del actual Gobierno, que considera que muchas de esas localidades no cumplen con las condiciones extremas que justifican el subsidio, lo que ha llevado a calificar el esquema como “fiscalmente insostenible”.
En este contexto, la propuesta oficial busca excluir a las provincias que fueron incorporadas en la última ampliación y limitar los subsidios a las zonas originales: la Patagonia, Malargüe en Mendoza y la Puna. Esta reestructuración significaría un cambio drástico en la forma en que se distribuyen los subsidios, que actualmente varían entre un 30% y un 50%, dependiendo de la región. La normativa actual tiene vigencia hasta finales de 2031, lo que añade un componente de urgencia a la discusión en el Congreso, dado el impacto que esta reforma podría tener en las finanzas públicas.
El secretario de Energía, Daniel González, manifestó en la Jornada de Energía ON, organizada por Diario de Río Negro, que el objetivo del Gobierno es “normalizar el sector energético”. Esta normalización se enmarca dentro de una política más amplia de desregulación en el ámbito de los hidrocarburos, el gas y la electricidad. González subrayó que el régimen vigente presenta “una aberración”, al incluir zonas que, a su juicio, no requieren subsidios, lo que contrasta con la situación del resto del sistema energético en el país.
El funcionario también destacó que la propuesta busca regresar a la esencia del régimen original, enfocándose en subsidiar únicamente el consumo efectivo de gas, excluyendo impuestos y cargos fijos. Según sus declaraciones, la aprobación de esta reforma generaría un “ahorro significativo para el fisco”, un aspecto que podría ser crucial para la sostenibilidad económica del Estado argentino en el futuro.
A pesar de las proyecciones de ahorro, la modificación de la norma es objeto de fuerte debate y crítica, ya que se estima que podría dejar a 1,2 millones de hogares sin acceso a subsidios. Entre las provincias más afectadas se menciona a Córdoba, donde la eliminación de estos beneficios podría tener un impacto considerable en los hogares de la región. La situación plantea un dilema para el Gobierno: equilibrar la necesidad de reducir el déficit fiscal con la responsabilidad de garantizar el acceso a servicios básicos para la población en condiciones de vulnerabilidad.
