El Gobierno de la Nación ha dado un paso significativo en el desarrollo de la infraestructura energética al oficializar la inclusión del proyecto de ampliación del Tramo I del Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno (GPM) en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Esta decisión, anunciada el 13 de mayo a través de la Resolución 676/2026 emitida por el Ministerio de Economía y firmada por el ministro Luis Caputo, representa una inversión total de 550 millones de dólares por parte de la Transportadora de Gas del Sur SA Sucursal Dedicada 1 (TGS SD1). La medida busca no solo aumentar la capacidad de transporte del gasoducto, sino también fortalecer la economía nacional mediante la generación de empleo y el aumento de las exportaciones.
El proyecto se centra en incrementar la capacidad de transporte en 14 millones de metros cúbicos diarios (14 MMm³/d). Para lograr este objetivo, se llevarán a cabo obras de infraestructura, así como tareas de financiamiento, operación y mantenimiento. De acuerdo a la información proporcionada por la resolución, se planea la instalación de 95.400 HP ISO de potencia de compresión en la traza que conecta Tratayén, en la provincia de Neuquén, con Salliqueló, en Buenos Aires. Esta iniciativa no solo beneficiará a las empresas involucradas, sino que también promete un impacto positivo en la balanza comercial del país.
Las proyecciones de TGS SD1 son optimistas, ya que se estima que este emprendimiento generará más de 700 millones de dólares anuales en ingresos para la balanza comercial. A su vez, se anticipan ahorros fiscales significativos, que alcanzarían los 450 millones de dólares anuales, gracias a la reducción de la dependencia de importaciones de Gas Natural Licuado (GNL) y combustibles líquidos para la generación eléctrica. Este contexto es crucial, dado que el país busca diversificar su matriz energética y reducir costos en un entorno económico desafiante.
La normativa establece que la adhesión formal al RIGI se realizará el 30 de abril de 2026, fecha en la que la empresa deberá haber completado toda la documentación requerida. Además, el Gobierno ha aprobado un listado de mercaderías que podrán ser importadas con beneficios aduaneros bajo este régimen, facilitando así el avance del proyecto. Para ello, se ha ordenado a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) la creación de un número de CUIT especial para el Vehículo de Proyecto Único (VPU) designado para esta obra.
Por otra parte, la resolución instruye al Banco Central de la República Argentina (BCRA) a aplicar los incentivos cambiarios previstos en el RIGI, aunque se aclara que la empresa no ha solicitado acceder al beneficio de libre disponibilidad de divisas por las exportaciones. Este aspecto podría influir en la estrategia financiera de TGS SD1 en el desarrollo del proyecto, ya que el acceso a divisas es un tema crítico en la economía actual.
El plazo de ejecución del proyecto está estimado en 18 meses, con la intención de iniciar operaciones el 1 de abril de 2027. Entre los compromisos adoptados por TGS SD1, se destaca la contratación de proveedores locales, que deberá representar al menos el 20% de la inversión total. Esta medida no solo fomenta el desarrollo local, sino que también contribuye a la generación de empleo en las comunidades afectadas. La resolución subraya que el proyecto se alinea con los objetivos del RIGI, que busca incentivar inversiones estratégicas, aumentar las exportaciones y fortalecer la infraestructura energética en el país.
