El fiscal Gerardo Pollicita se encuentra en el proceso de evaluación de la causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni, actual jefe de Gabinete. Esta revisión se intensificó tras la reciente presentación de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA). Hasta el momento, el análisis se ha centrado en los movimientos financieros y bienes del funcionario desde su asunción en el cargo, pero se prevé que la fiscalía amplíe el periodo de investigación si las justificaciones aportadas por Adorni abarcan ejercicios anteriores.
La situación se complica para Adorni, dado que la fiscalía ha comenzado a recibir información sobre su declaración de bienes, la cual incluye datos de su esposa, Bettina Angeletti. Sin embargo, aún se espera la entrega de documentación reservada que podría ser clave para el esclarecimiento del caso. El objetivo es revisar minuciosamente no solo los montos y el origen de los bienes, sino también las fechas en las que fueron adquiridos, lo que podría fundamentar una ampliación de la investigación.
En la declaración patrimonial correspondiente al año 2025, presentada por Adorni, se informa de un patrimonio cercano a los 945 millones de pesos. En una reciente entrevista, el jefe de Gabinete afirmó que su fortuna había aumentado considerablemente gracias a inversiones en criptomonedas, revelando que había transformado 200 mil dólares en ahorros en un total de 500 mil dólares en bitcoins. Esta situación ha generado suspicacias sobre la legitimidad de dichos aumentos patrimoniales y su correlato con su función pública.
Además de sus activos, Adorni también ha hecho mención de deudas que superan los 317 mil pesos y cerca de 188 mil dólares. Entre sus propiedades, destaca una vivienda en el country Indio Cuá, valorada en 156 millones de pesos, y un departamento con cochera en la calle Miró, cuyo valor asciende a 255 millones de pesos. Este complejo panorama ha llevado a la fiscalía a adoptar un enfoque más riguroso en la investigación.
El fiscal Guillermo Marijuan, por su parte, también ha solicitado a la OA la nueva declaración jurada patrimonial del diputado Francisco Adorni, hermano de Manuel. La intención es incorporar esta información a los documentos que se están analizando en el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito. Se ha conocido que Francisco actualizó su declaración, corrigiendo cifras anteriormente informadas, lo que ha suscitado aún más interés por parte de la justicia.
La situación se torna aún más compleja, ya que el juez Ariel Lijo no solo investiga a Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito, sino que también lo vincula a otras causas. Una de ellas se centra en su relación con Marcelo Grandío, un periodista de la TV Pública que ha sido cuestionado por su acceso a los medios estatales bajo la gestión actual. Además, se indaga la relación entre la consultora de coaching de Bettina Angeletti y varias empresas contratistas del Estado, lo que podría acentuar la presión sobre el entorno familiar del jefe de Gabinete.
Así, la investigación por enriquecimiento ilícito se encuentra en una fase crítica, donde cada nuevo dato recabado puede redefinir el rumbo de la causa. La fiscalía parece dispuesta a seguir adelante con una indagación exhaustiva que no solo busca responder a las inquietudes sobre la fortuna de Adorni, sino también a la integridad del sistema político y administrativo en un contexto donde la transparencia es más necesaria que nunca.
