El Banco Mundial ha emitido severas críticas hacia el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, destacando que esta política ha resultado en una pérdida fiscal significativa para el país. En un informe presentado durante una reunión conjunta con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se reveló que el costo anual de los beneficios otorgados a las empresas industriales en la región asciende a USD 1.070 millones. Esta cifra se basa en un análisis reciente elaborado por Fundar, un centro de estudios argentinos, que resalta la ineficacia de un esquema que, a lo largo de los años, ha estado marcado por interferencias políticas y falencias estructurales.
El régimen de promoción industrial, instituido en 1972 mediante la ley 19.640, ha sido objeto de análisis en el documento titulado "Panorama económico de América Latina y el Caribe: Revisitando la política industrial", que califica a este caso como un ejemplo de política industrial fallida. A pesar de los esfuerzos por fomentar la industria en la región, el esquema ha persistido durante décadas sin lograr resultados económicos sostenibles, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre la efectividad de tales incentivos en el desarrollo regional.
La presentación del informe se produjo en el contexto de la Reunión de Primavera del Banco Mundial y el FMI, donde el ministro de Economía, Luis Caputo, busca asegurar la aprobación de la última revisión del acuerdo con el Fondo y la liberación de USD 1.000 millones. Este contexto resalta la importancia de revisar las políticas económicas actuales, especialmente aquellas que han demostrado ser insostenibles y costosas para el erario público. La crítica del Banco Mundial se suma a un creciente clamor por una revisión de las políticas de promoción industrial en Argentina, que parecen haber dejado de cumplir su función esencial.
Uno de los puntos destacados en el informe es la disparidad entre los logros políticos y económicos del régimen fueguino. Si bien se ha logrado un notable crecimiento en la población de la región, que se multiplicó por 14 en los últimos 50 años, pasando de 13.500 habitantes en 1970 a 190.000 en 2022, el impacto económico ha sido menos contundente. El estudio de Fundar señala que, aunque la población ha crecido, la creación de un entorno industrial sólido y sostenible ha sido esquiva, evidenciando la necesidad de revisar las estrategias implementadas hasta el momento.
La naturaleza de las políticas industriales requiere, según el diagnóstico del Banco Mundial, un compromiso a largo plazo por parte del gobierno, dado que los resultados de estas iniciativas son inherentemente inciertos. Es fundamental que las administraciones establezcan un marco claro que contemple la reducción gradual de los incentivos, en lugar de perpetuar un apoyo ilimitado que no se alinea con los objetivos económicos a largo plazo. El informe sugiere que sin un cronograma definido y procedimientos claros, el resultado es una acumulación de costos sin beneficios tangibles.
El futuro del régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego se encuentra en una encrucijada. Con la reciente eliminación de aranceles a la importación de celulares, el gobierno de Javier Milei ha dado un golpe directo a un sistema que, a pesar de su larga existencia, ha sido incapaz de adaptarse a las realidades económicas actuales. La extensión de la vigencia del régimen hasta 2038, decidida en 2021, parece ahora más un intento de mantener una estructura obsoleta que una estrategia viable para el desarrollo económico de la región. En este sentido, es imperativo que las políticas se replanteen, buscando un equilibrio entre el crecimiento poblacional y el desarrollo industrial sustentable en el sur argentino.
