El costo del transporte se ha convertido en un verdadero desafío para los hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), representando actualmente un 47% del total destinado a la canasta de servicios públicos. Este notable aumento, que ronda el 1.000% desde que Javier Milei asumió la presidencia, refleja una tendencia preocupante que afecta directamente el bolsillo de las familias. Un reciente estudio del Instituto Interdisciplinario de Economía Política pone de manifiesto cómo la movilidad se ha transformado en el principal componente del gasto familiar, justo en un momento en que se observa una reducción en la frecuencia del transporte público en la región.
El informe, correspondiente a marzo de 2026, revela que un hogar promedio destina aproximadamente $101.026 mensuales para cubrir sus necesidades de traslado, un incremento significativo en comparación con los $59.370 que se requerían hace un año. Esta dinámica de aumentos en las tarifas del transporte se ha visto impulsada por el reciente ajuste del 14,8% en el costo del boleto de colectivo, que se incrementó un 16,3% solamente en el último mes. Esta situación se agrava en un contexto donde los subsidios han sido drásticamente reducidos, trasladando así los costos a los usuarios finales.
El análisis de los precios del transporte desde diciembre de 2023 muestra un panorama alarmante. En la Ciudad de Buenos Aires, el boleto mínimo pasó de $52,96 a $715,24 en abril de 2026, resultando en un aumento acumulado que supera el 1.250%. Este aumento no solo afecta a los ciudadanos, sino que también pone de relieve la falta de coordinación tarifaria entre las diferentes jurisdicciones que conforman el AMBA, generando una fragmentación que complica aún más el escenario económico.
En la actualidad, el costo del boleto mínimo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se sitúa en $681,85, mientras que en la provincia de Buenos Aires alcanza los $832,57. Las líneas interjurisdiccionales que conectan ambos distritos presentan tarifas que rondan los $700. Esta disparidad tarifaria se debe a las necesidades fiscales de cada jurisdicción y a la creciente falta de asistencia por parte del gobierno nacional, lo que ha llevado a que las autoridades locales ajusten las tarifas para equilibrar sus presupuestos.
La reducción de subsidios ha exacerbado la situación, trasladando la carga financiera a los usuarios. Desde 2023, las transferencias al sistema de transporte han disminuido considerablemente en términos reales, lo que ha obligado a aumentar la cobertura tarifaria. Actualmente, los pasajeros financian más del 45% del costo del transporte en la provincia y alrededor del 34% en las líneas nacionales y de la Ciudad. Esta situación pone en evidencia la necesidad de un replanteo en las políticas de subsidios y tarifas del transporte público.
El informe también introduce el concepto de “tarifa técnica”, que estima el costo real del boleto sin subsidios, que asciende a $1.811, o $2.001 incluyendo el IVA, cifras que superan ampliamente lo que el Gobierno reconoce oficialmente. Este reacomodamiento tarifario tiene un impacto directo en el poder adquisitivo de los ciudadanos. A día de hoy, la canasta de servicios públicos —que abarca transporte, energía y agua— representa el 12,3% del salario promedio, una disminución respecto a un año atrás, cuando se podía cubrir 9,3 canastas con un ingreso promedio, comparado con las 8,1 que se pueden cubrir hoy.
El transporte ha sido el principal responsable de este deterioro en el poder adquisitivo, contribuyendo con 28 puntos porcentuales al aumento interanual de la canasta de servicios, superando ampliamente a otros rubros como electricidad, gas o agua. Ante este panorama, es urgente que las autoridades revisen las políticas de transporte y subsidios, a fin de aliviar la carga que enfrentan los ciudadanos en su día a día.
