El programa económico que Argentina ha implementado desde finales de 2023 pone el equilibrio fiscal en el centro de su estrategia de credibilidad. Con un superávit primario proyectado del 1,4% del Producto Interno Bruto (PIB) alcanzado en 2025 y un objetivo de 1,5% para 2026, el mantenimiento de la estabilidad de las cuentas públicas se enfrenta a importantes desafíos. La reciente sanción de leyes con implicaciones directas en el presupuesto del país ha generado inquietud sobre la sostenibilidad de este superávit.
De acuerdo a un análisis realizado por la consultora PwC, se identifican tres leyes clave que podrían aumentar el costo fiscal en aproximadamente un 0,75% del PIB durante el presente año. Entre estas normativas, la Ley de Modernización Laboral se destaca, no solo por su intención de transformar el mercado de trabajo, sino también por las consecuencias fiscales inmediatas que podría generar, complicando así el cumplimiento de los objetivos financieros establecidos por el Gobierno. Junto a esta ley se encuentran la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, formando un trío que podría ejercer una presión significativa sobre el gasto público y los ingresos del Estado.
La reforma laboral busca, en esencia, disminuir los costos de contratación y fomentar la formalización del empleo. Sin embargo, PwC alerta que, aunque estos objetivos deberían tener un efecto positivo en la economía a mediano plazo, en el corto plazo acarrean implicancias fiscales concretas que requieren atención. La creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) es uno de los componentes más relevantes en este contexto, ya que establece cuentas individuales para financiar indemnizaciones por despidos, utilizando aportes de los empleadores que se descuentan de las contribuciones al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
El informe de PwC detalla que los aportes destinados al FAL son deducidos en un porcentaje correspondiente a las contribuciones al SIPA, lo que significa que cada peso que se destina a este fondo es un peso que no ingresará al sistema de seguridad social. Con la ley promulgada el 6 de marzo de 2026 y la puesta en marcha del fondo prevista para junio de ese mismo año, se estima que el costo fiscal para los siete meses restantes podría ascender a un 0,15% del PIB, considerando las alícuotas base establecidas (1% para grandes empresas y 2,5% para pymes).
Si el Poder Ejecutivo decidiera aumentar estos porcentajes a sus máximos legales (1,5% para grandes empresas y 3% para pymes), el impacto fiscal podría elevarse a un 0,19% del PIB para 2026. En términos anuales, el costo del FAL se estima en un 0,23% del PIB, lo que representa una carga considerable para el equilibrio fiscal del país. Esta situación plantea un dilema para el Gobierno, que deberá equilibrar la necesidad de reformas laborales con la presión sobre las cuentas públicas.
La reforma también contempla el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), el cual reduce las contribuciones patronales en aproximadamente 12 puntos porcentuales para nuevas contrataciones. Si bien este instrumento tiene el potencial de generar ingresos fiscales positivos al integrar trabajadores al sistema formal, su impacto inicial se presenta como incierto. Según el análisis de PwC, el efecto recaudatorio del RIFL podría variar entre un 0,01% y un 0,23% del PIB, dependiendo de la tasa de inscripción y los niveles salariales de los nuevos empleos generados. En este sentido, la incertidumbre sobre la recaudación fiscal se suma a los desafíos que enfrenta el Gobierno para cumplir con sus metas.
