En el marco de una gestión marcada por la búsqueda de estabilidad económica, el gobierno de Javier Milei ha logrado, en la primera parte de su mandato, evitar una inminente hiperinflación, implementar correcciones fundamentales y alcanzar un equilibrio en su política fiscal. Estas acciones han permitido reencauzar la economía argentina hacia un camino de crecimiento después de más de quince años de crisis y desajustes macroeconómicos.
El núcleo del nuevo modelo de gestión se basa en un cambio de paradigma fiscal que ha sido clave para eliminar la dependencia de la emisión monetaria. Este cambio ha permitido que el financiamiento de gastos esenciales como jubilaciones y salarios se sustente en la recaudación impositiva, lo que ha contribuido a una notable mejora en las cuentas públicas. De esta manera, se ha comenzado a construir un proceso de desinflación que ha llevado la inflación, que había alcanzado niveles históricos, a cifras más manejables en un contexto donde la estabilidad se vuelve prioridad.
Entre las promesas de campaña cumplidas se encuentra la eliminación de controles cambiarios y la reducción de retenciones, lo que ha mejorado la percepción del país en los mercados internacionales. Este cambio se tradujo en una drástica reducción del índice de riesgo país, que pasó de más de 2.700 puntos básicos en la administración anterior a 600 puntos en la actualidad. Este nivel representa el más bajo en ocho años, un indicativo de la confianza que los inversores están recuperando en la economía argentina.
Sin embargo, la normalización de la economía ha encontrado un obstáculo en el último tiempo. A finales de 2025, la mejora sostenida en los niveles de actividad, salarios y la reducción de la inflación se detuvo, generando incertidumbre sobre el futuro económico. Con la pregunta en el aire sobre si la recuperación continuará o si se ha llegado al final de esta fase, la inestabilidad comienza a hacer eco en las decisiones de los agentes económicos.
La situación se complica aún más con el repunte de la inflación, que tras tocar un mínimo de 1,5% en mayo de 2025, escaló a 2,9% en febrero de 2026. Aunque la inflación minorista mostró una notable disminución, pasando del 211% anual en 2023 al 31% en 2025, los últimos trimestres han evidenciado una aceleración en los precios, lo que pone en jaque la estrategia de desinflación del gobierno. La experiencia internacional sugiere que los procesos de desinflación son complejos y requieren tiempo, como lo demuestra el caso de Israel, que tardó más de diez años en alcanzar inflaciones de un solo dígito.
Los desafíos que enfrenta el gobierno no son menores. Dos factores principales han influido en la desaceleración del proceso de desinflación en Argentina. En primer lugar, el clima político de incertidumbre durante las elecciones legislativas generó un aumento en el índice de riesgo país, que reflejó el temor a un posible cambio en la dirección económica. Este temor provocó una caída en la demanda de activos argentinos y una volatilidad en el mercado que se tradujo en una depreciación del tipo de cambio.
El segundo factor que ha obstaculizado la reducción más rápida de la inflación es el contexto económico global y local, que sigue siendo volátil. A medida que se acercan las elecciones de 2027, la incertidumbre política puede volver a complicar la situación, generando un entorno de cautela entre los inversores. La capacidad del gobierno para mantener el rumbo y sostener el crecimiento logrado dependerá, en gran medida, de su habilidad para gestionar estos desafíos y la confianza de la población en un futuro económico más estable.
