En un contexto de creciente preocupación por la libertad de prensa en Hong Kong, la Asociación de Periodistas de Hong Kong (HKJA) ha presentado serias acusaciones contra las autoridades locales, afirmando que están intensificando las presiones sobre los medios independientes. La organización ha denunciado que estas acciones se manifiestan a través de inspecciones fiscales que imponen cargas económicas y administrativas a los medios, aun cuando no se han encontrado irregularidades. Esta situación plantea un desafío significativo para la integridad del periodismo en la región, donde la libertad de expresión ha estado bajo amenaza en los últimos años.

Desde noviembre de 2023, la HKJA ha estado sometida a una revisión por parte del Departamento de Hacienda, lo que ha llevado a la organización a adelantar una suma considerable de 730.000 dólares hongkoneses, equivalente a aproximadamente 93.168 dólares estadounidenses, en impuestos. Este monto se suma a los 300.000 dólares hongkoneses que la entidad ya había pagado en 2025. La carga financiera resultante de estas inspecciones fiscales representa un obstáculo significativo para el funcionamiento de medios que ya operan con recursos limitados, lo que pone en riesgo su viabilidad a largo plazo.

La HKJA ha informado que al menos ocho medios y una veintena de periodistas han sido objeto de revisiones fiscales, que incluyen impuestos sobre salarios, beneficios y propiedades. Curiosamente, al menos dos de estos casos fueron cerrados sin que se detectaran incumplimientos, lo que, según la entidad, pone de manifiesto el carácter abusivo de los procedimientos llevados a cabo por las autoridades. La presidenta de la HKJA, Selina Cheng, enfatizó que estas revisiones imponen un estrés indebido y suponen castigos injustos para los medios, incluso cuando no se encuentran infracciones.

Uno de los casos más destacados es el del medio Hong Kong Free Press, que enfrentó una discrepancia fiscal de aproximadamente 3.000 dólares hongkoneses (382 dólares estadounidenses) en un ejercicio específico. Sin embargo, las autoridades extrapolaron esta cifra a un período de seis años, imponiendo un recargo que supera los 57.000 dólares hongkoneses (7.274 dólares estadounidenses), lo que equivale a una sanción del 135 %. Este tipo de penalizaciones desproporcionadas ha generado inquietud sobre la intencionalidad detrás de las inspecciones, en un contexto donde el periodismo independiente se encuentra ya en una posición vulnerable.

Desde la HKJA se cuestiona la aleatoriedad de las inspecciones fiscales, argumentando que estas acciones no solo representan un uso ineficiente de los recursos públicos, sino que también están dirigidas a un sector que ya enfrenta serias dificultades económicas. La organización advirtió que estas prácticas pueden tener un efecto disuasorio sobre la actividad periodística, especialmente en un entorno donde varios medios autónomos han sido cerrados en los últimos años, lo que limita aún más el acceso a información independiente y veraz.

Frente a estas acusaciones, el comisionado de Hacienda, Benjamin Chan, ha defendido la actuación de su departamento, rechazando cualquier alegación de enfoque selectivo. Chan ha declarado que las revisiones fiscales se basan en criterios de riesgo de incumplimiento o evasión, sin considerar el sector o la ocupación de los contribuyentes. Sin embargo, la percepción de un ataque sistemático a los medios de comunicación independientes persiste, lo que resalta la necesidad urgente de salvaguardar la libertad de prensa en Hong Kong, un derecho fundamental en cualquier sociedad democrática.