La situación judicial del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, junto a otros funcionarios de la entidad, comienza a tomar forma en la Cámara en lo Penal Económico. En el marco de un caso en el que se les acusa de presunta retención indebida de aportes y tributos, las defensas han presentado una serie de argumentos que cuestionan la validez de las pruebas y la construcción de las responsabilidades asignadas a los dirigentes solo por su cargo.

Los abogados de Tapia, del tesorero Pablo Toviggino y de otros tres imputados, han apuntado directamente a la resolución del juez Diego Amarante, quien dictó el procesamiento y embargos por un monto superior a los 350 millones de pesos. La defensa busca no solo revocar estas decisiones, sino también eliminar la prohibición de salida del país que afecta a Tapia y Toviggino, quienes deben solicitar autorización judicial cada vez que desean viajar al exterior.

Un aspecto central de las apelaciones es la afirmación de que el fallo de primera instancia carece de un fundamento sólido. En el caso específico de Tapia, su defensa sostiene que el procesamiento se basa en un “fundamento aparente” y está influenciado por un “fuerte preconcepto”. Además, argumentan que no existe evidencia que vincule personalmente a Tapia con los hechos que se le imputan, ni instrucciones concretas que demuestren su involucramiento en la supuesta retención de 19.300 millones de pesos, como se detalla en la denuncia presentada por la Asociación de Revendedores de Carnes Argentinos (ARCA).

Luis Charró, abogado de Tapia, subrayó que en el fallo no se menciona ninguna comunicación, orden o decisión específica que se pueda atribuir al dirigente, sugiriendo que las conclusiones del juez son simplemente una consecuencia formal de su posición en la AFA. En este contexto, la defensa ha remarcado que la deuda en cuestión fue completamente saldada antes de que se iniciara el proceso judicial, y que no hay evidencia que respalde la afirmación de que un retraso en el pago haya beneficiado económicamente a la AFA.

Otro punto de discusión en las apelaciones es la idea de que el rol institucional en la AFA implica necesariamente una responsabilidad penal. La defensa de Tapia ha denunciado que se intenta establecer una “responsabilidad penal objetiva” únicamente por su cargo, lo cual consideran inaceptable. En relación al embargo millonario, la defensa calificó la medida de “extrema magnitud” y carente de justificación adecuada, señalando que no se ha demostrado un daño real a la administración pública.

Por su parte, la defensa de Toviggino ha solicitado su sobreseimiento, argumentando que, en el peor de los casos, la AFA habría incurrido en una mala interpretación de las resoluciones administrativas del Ministerio de Economía sobre el momento en que debía haberse liquidado la deuda, la cual nunca fue ocultada y fue saldada con intereses antes de que se presentara la denuncia.

Cristian Malaspina, secretario general de la AFA, también ha intervenido en la discusión, enfatizando que ocupar un cargo no conlleva automáticamente una responsabilidad penal. Para que se considere una imputación, es necesario demostrar una participación directa, conocimiento y dolo por parte del acusado. En este sentido, las defensas de los imputados continúan trabajando para desvirtuar las acusaciones y defender la integridad de sus representados en el marco de un caso que ha generado gran controversia en el ámbito del fútbol argentino.