El aumento de la expectativa de vida plantea nuevos desafíos para las familias. Vivir más años no siempre implica conservar la autonomía física, mental o económica, y el deterioro progresivo puede exigir una respuesta sostenida de los allegados. En ese escenario, el cuidado de los padres mayores adquiere una dimensión que excede la organización cotidiana y alcanza también las obligaciones previstas por la ley.
El Código Civil y Comercial establece un “deber de asistencia” de carácter recíproco: los padres deben asistir a sus hijos y, cuando las circunstancias lo requieren, los hijos deben hacerlo con sus padres. Esta obligación no se reduce a realizar aportes de dinero, sino que comprende todo aquello que resulte necesario para garantizar una vida digna. Frente a una pérdida de autonomía, la normativa no impone a los hijos la convivencia con sus padres mayores. Sin embargo, contempla sanciones penales para los casos de abandono de persona.
Sostener la asistencia durante un período prolongado también requiere una organización familiar para la que no todos están preparados. Cuando hay más de un hijo, la obligación alcanza a todos, en la forma y proporción que puedan acordar de acuerdo con las posibilidades de cada uno. Si no existe consenso, corresponde al juez determinar la contribución que debe realizar cada familiar. Para fijarla, deberá considerar la capacidad económica de las personas involucradas y hasta podrá resolver que alguno de ellos no efectúe aporte alguno. El desafío, de todos modos, no se agota en el aspecto económico: también involucra las necesidades que aparecen cuando los padres pierden autonomía.
