La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) ha lanzado una grave advertencia sobre la situación actual del sistema de transporte en el país, señalando que se encuentra inmerso en una crisis sin precedentes. Esta situación se atribuye a las políticas implementadas por el gobierno nacional, que han llevado a un deterioro significativo de las condiciones laborales y de la competitividad económica. La CATT enfatiza que la desregulación del sector, la paralización de obras públicas y la falta de una política integral han contribuido a esta problemática, combinándose con el impacto de la guerra en Medio Oriente que ha elevado los precios del combustible a niveles alarmantes.
Los trabajadores del transporte son uno de los grupos más afectados por esta crisis, que se traduce en un aumento constante de los costos logísticos y en un encarecimiento de las tarifas de servicios. Esta situación no solo repercute en los trabajadores, sino que también afecta a aquellos que dependen de estos servicios para su movilidad diaria, quienes se ven obligados a afrontar tarifas más elevadas que impactan negativamente en su calidad de vida. La CATT sostiene que el transporte es esencial para el funcionamiento de la actividad industrial y productiva, y advierte que sin un sistema de transporte eficiente y accesible, el futuro económico del país está en juego.
El secretario general de la CATT, Juan Carlos Schmid, expresó que "no hay país posible si están rotas sus vías de conectividad". Esta declaración refleja la gravedad de la situación y la urgencia de tomar medidas para revertir la crisis. Según Schmid, el mercado interno se está destruyendo en nombre de un crecimiento que no beneficia a la mayoría de la población, y el comercio exterior está siendo controlado por intereses extranjeros, lo que genera una dependencia preocupante y un debilitamiento de la economía nacional.
En respuesta a esta crisis, el gobierno ha optado por avanzar en la concesión de rutas nacionales, una decisión que ha generado controversia. La administración ha adjudicado recientemente dos segmentos clave de la Red Federal de Concesiones viales, lo que permitirá que más de 1.800 kilómetros de rutas sean gestionadas por empresas privadas. Esta medida, parte de la denominada Etapa II-A, implica una transformación en el modelo de gestión, que eliminará los subsidios y fomentará la inversión privada, generando un cambio significativo en la manera en que se administran estos corredores.
El 15 de mayo se oficializó la selección de las compañías que estarán a cargo de la gestión de estos tramos, que incluyen rutas de alto tráfico y relevancia estratégica. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció públicamente los detalles de la adjudicación, destacando que esta iniciativa busca mejorar los estándares de servicio para los usuarios. Sin embargo, la falta de subsidios plantea interrogantes sobre el acceso y la viabilidad de estas rutas para aquellos que dependen de ellas en su día a día.
La concesión de estos tramos abarca corredores clave que conectan la provincia de Buenos Aires con La Pampa y otras áreas del sur bonaerense. En particular, para el Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur, la concesión fue otorgada a un consorcio de empresas que han fijado una tarifa de peaje de 997 pesos, sin IVA. Esta decisión ha suscitado críticas, ya que muchos temen que el aumento en las tarifas de peaje pueda ser un obstáculo para la movilidad de los ciudadanos y una carga adicional para la economía familiar. En un contexto donde la crisis del transporte se vuelve cada vez más evidente, la CATT y otros actores del sector exigen una revisión urgente de las políticas actuales y un compromiso claro del gobierno para afrontar los desafíos del sistema de transporte argentino.
