**Aumento de la morosidad en el sistema financiero argentino**
En los últimos meses, la situación financiera de las familias y empresas en Argentina ha experimentado un deterioro significativo, con un incremento notable en los niveles de morosidad. Según el último informe de la Central de Deudores del Banco Central, el porcentaje de incumplimiento en las obligaciones financieras alcanzó un alarmante 12,7% en mayo, un aumento desde el 12,1% registrado en abril. Este aumento no solo representa un récord en las cifras de los últimos veinte años, sino que también plantea serios desafíos para la estabilidad del sistema financiero y la recuperación del consumo interno, aspectos cruciales en la economía del país.
El impacto de esta crisis crediticia se extiende más allá de las cifras, afectando directamente a millones de argentinos. Actualmente, más de un 27% de quienes accedieron a algún tipo de préstamo han dejado de ser considerados sujetos de crédito. Esto se traduce en cerca de siete millones de personas que se encuentran en una situación crítica, incapaces de acceder a nuevas líneas de financiamiento o de regularizar sus deudas a través de los canales convencionales. La acumulación de saldos en mora, tanto en entidades bancarias como no bancarias, revela una pérdida de solvencia que se ha generalizado en el tejido social argentino.
Los datos sobre la morosidad también muestran diferencias notables según la edad de los deudores, siendo los jóvenes el grupo más afectado por esta crisis. Alrededor del 40% de las personas menores de 35 años que tienen créditos activos enfrentan al menos una obligación en situación irregular. En particular, entre los deudores de 18 a 25 años, la tasa de morosidad asciende al 42,8%, y en el grupo de 26 a 35 años se sitúa en el 39,3%. Aunque la proporción de morosidad disminuye en las franjas etarias superiores, los números siguen siendo preocupantes: un 31% de quienes tienen entre 36 y 45 años y un 23,5% de los deudores de 46 a 55 años también presentan atrasos en sus pagos.
La crisis no se limita al sistema bancario tradicional, sino que también afecta a entidades no financieras, donde cerca del 17% del total de créditos a familias se concentra. En este segmento, el nivel de mora ha llegado al 32,2% en mayo, en comparación con menos del 10% que se registraba un año y medio atrás. Este cambio en las dinámicas crediticias sugiere que la crisis se ha expandido hacia alternativas de financiamiento informal, lo que podría tener consecuencias adversas para la estabilidad económica de los hogares argentinos.
Este aumento en la morosidad se produce en un contexto de drástica reducción de la oferta de préstamos por parte de los bancos privados. Estas instituciones han optado por restringir la concesión de nuevos créditos, endurecer los requisitos de aprobación y evitar la actualización de límites en productos como tarjetas de crédito. Esta estrategia responde a la necesidad de “limpiar” sus carteras, priorizar la liquidez y minimizar el riesgo en un entorno económico caracterizado por la retracción del consumo y una alta volatilidad macroeconómica.
En contraste, la banca pública ha asumido un papel de contención, manteniendo el nivel de préstamos y lanzando programas específicos para hacer frente a la morosidad. Por ejemplo, el Banco Provincia ha implementado el plan “Ponete al día”, que permite a los clientes regularizar deudas en mora hasta el 31 de mayo, ofreciendo reducciones de tasas, extensiones de plazos de hasta 72 meses y condiciones personalizadas según el perfil crediticio de cada cliente. Estas iniciativas son fundamentales para mitigar el impacto de la creciente morosidad y proporcionar un alivio a los deudores en un momento crítico para la economía argentina.
