El Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) ha estado operando durante casi dos años, presentando una serie de proyectos que han sido tanto aprobados como evaluados. En medio de esto, el Gobierno se encuentra en la etapa de expansión de este esquema con el lanzamiento del denominado Súper RIGI, cuyo proyecto ya ha sido presentado en el Congreso. Sin embargo, desde la oposición peronista surge un análisis crítico que destaca el impacto económico que tiene este régimen sobre las finanzas del Estado, en particular, en relación a los ingresos tributarios que se están dejando de percibir.
Guillermo Michel, diputado nacional por el peronismo y cercano colaborador de Sergio Massa, es el autor de un informe que evalúa los efectos fiscales del RIGI. Michel, quien se desempeñó como jefe de la Aduana bajo la gestión de Massa como ministro de Economía, centra su análisis en los primeros 13 proyectos aprobados por el régimen. Según sus cálculos, el costo fiscal anual derivado de estas inversiones alcanzaría la cifra de USD 1.837 millones, lo que representa aproximadamente 0,27 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno (PBI) del país.
Este cálculo fue realizado en las semanas previas a la reciente aprobación de tres proyectos adicionales, lo que eleva el total de iniciativas aprobadas a 16. Si se considera que los nuevos proyectos pueden generar beneficios similares a los previamente analizados, el impacto fiscal real podría ser aún mayor de lo estimado por el legislador. Esta situación plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de un régimen que, a pesar de promover la inversión, podría estar perjudicando las arcas fiscales del Estado.
Es importante entender el concepto de “gasto tributario” en este contexto. Este término se refiere a los ingresos que el Estado deja de recibir al otorgar exenciones, alícuotas reducidas o beneficios impositivos a ciertos sectores. A diferencia de un gasto presupuestario convencional, este no implica un desembolso directo por parte del Estado, sino que representa una oportunidad perdida de recaudación que, de no existir el régimen, hubiera ingresado a las cuentas públicas.
La lógica detrás de los beneficios ofrecidos por el RIGI radica en la premisa de que, sin estos incentivos, muchas de las inversiones que se están promoviendo no se llevarían a cabo. El Gobierno sostiene que los proyectos de gran envergadura, especialmente en sectores como el energético o el minero, requieren plazos de retorno prolongados y un marco de estabilidad jurídica y fiscal que justifiquen un tratamiento diferencial. En este sentido, el régimen garantiza una estabilidad normativa de 30 años para los proyectos que se adhieran a él, lo que podría resultar atractivo para los inversores.
Los 13 proyectos analizados por Michel representan una inversión total comprometida de USD 27.210 millones y tienen el potencial de generar 36.873 nuevos empleos. Entre las iniciativas más destacadas se encuentran el proyecto de GNL de Southern Energy, que involucra USD 15.156 millones, y el consorcio Vaca Muerta Sur liderado por YPF, con una inversión de USD 2.900 millones. Asimismo, se incluyen emprendimientos mineros significativos como Los Azules de McEwen Copper y Diablillos de AbraSilver, que suman inversiones considerables. Las proyecciones de exportación de estos proyectos ascienden a USD 21.006 millones anuales, lo que resalta su potencial impacto en la economía nacional.
En conclusión, el análisis de Michel pone de relieve un dilema complejo: mientras que el RIGI busca fomentar la inversión extranjera y el desarrollo de proyectos estratégicos, el costo fiscal asociado a estos beneficios podría socavar la capacidad del Estado para recaudar fondos esenciales. Este tema, de gran relevancia en el contexto actual, invita a un debate más amplio sobre la efectividad y la sostenibilidad de las políticas de incentivos en Argentina.
