Un nuevo megaproyecto minero en San Juan ha generado una intensa polémica en la industria nacional, tras la adjudicación del campamento Batidero a un consorcio liderado por PowerChina, en colaboración con Beijing Chengdong y la firma argentina RAFA S.A. Esta decisión implica la importación de una ciudad modular desde China, destinada a albergar a un contingente de trabajadores mineros que podría llegar a 5.000, lo que ha despertado el descontento de varios sectores industriales y empresariales de Argentina. Estos sectores advierten sobre la posible pérdida de puestos de trabajo y la exclusión de proveedores locales en uno de los proyectos de inversión más ambiciosos que se han planteado en el país.

El diseño del campamento Batidero contempla una primera fase con 2.500 camas, aunque la rotación típica en la minería podría aumentar esta cifra entre 3.500 y 5.000 trabajadores. A medida que el proyecto avance, se estima que la demanda podría ascender a 12.000 trabajadores, lo que obligaría a ampliar el complejo a unas 6.000 plazas. La estructura de esta ciudad importada se compone de módulos prefabricados de acero, que se ensamblan en el sitio y están equipados con mobiliario y electrodomésticos, listos para su ocupación inmediata.

Los módulos, fabricados por Beijing Chengdong, son descritos como "casas contenedor" resistentes y móviles, diseñadas para soportar las exigencias del entorno montañoso de la cordillera sanjuanina. El consorcio asiático presentó una oferta de 52 millones de dólares para la construcción de esta infraestructura, dejando atrás la propuesta de la empresa nacional Modular Homes, que había cotizado 70 millones. Esta diferencia de 18 millones de dólares representa apenas un 0,01% del total de 18.000 millones de dólares que se estima costará el desarrollo completo del proyecto Vicuña.

Juan Pablo Rudoni, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Modular, ha expresado su preocupación por el impacto que esta decisión tendrá sobre la cadena de valor local. Según sus estimaciones, el costo de fabricar los módulos en Argentina asciende a 1.300 dólares por metro cuadrado, mientras que en China el costo es de alrededor de 500 dólares, además de 200 dólares en flete internacional. Sin embargo, Rudoni enfatiza que el ahorro conseguido con la adjudicación es marginal en comparación con la inversión total y que la producción local podría haber generado aproximadamente 400 empleos directos, frente a los 50 que se requieren para la logística y el montaje de los módulos importados.

El proyecto Vicuña, impulsado por Lundin Mining y BHP, es considerado el emprendimiento minero más importante en la historia de Argentina, con una inversión proyectada de 18.000 millones de dólares hasta 2040. La primera fase del proyecto implica una inversión de 7.000 millones para la construcción y operación de Josemaría, y contempla una expansión posterior hacia el depósito Filo del Sol. El objetivo es posicionar a Argentina como uno de los principales exportadores de cobre a nivel mundial, con una meta de producción de 400.000 toneladas anuales durante un periodo de 25 años.

Uno de los argumentos más citados por los empresarios que se oponen a esta decisión es la falta de condiciones equitativas para competir con proveedores extranjeros. Rudoni ha señalado que la empresa china, además de beneficiarse de capital estatal y subsidios en su país, cuenta con exenciones fiscales que le permiten ofrecer precios más competitivos. Esta situación genera un entorno de desventaja para las empresas locales, que deben lidiar con un contexto económico complejo y con mayores costos operativos. La controversia en torno al megaproyecto no solo refleja la tensión entre inversión extranjera y empleo local, sino que también plantea interrogantes sobre el futuro de la industria minera en Argentina y su capacidad para adaptarse a un mercado global cada vez más competitivo.