Las investigaciones sobre el enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, siguen su curso este miércoles en los tribunales federales de Comodoro Py. En esta ocasión, Leandro Miano, hijo de Claudia Sbabo, una de las jubiladas que le vendieron un departamento en Caballito, se presentará como testigo en el caso. Adorni enfrenta acusaciones de deber 200.000 dólares a estas jubiladas, lo que ha generado un gran interés mediático y público, dado el contexto de la situación económica del país y las implicancias que esto podría tener sobre su carrera política.

Leandro Miano no solo es hijo de una de las acreedoras, sino que también es socio de Pablo Martín Feijoo, hijo de Beatriz Viegas, la segunda jubilada involucrada en la transacción. La relación entre ellos añade una capa adicional de complejidad al caso, ya que Feijoo ya había declarado previamente, revelando que Adorni le debía otros 65.000 dólares no documentados. Esto plantea interrogantes sobre la transparencia de las transacciones y la gestión de Adorni como funcionario público, especialmente en un contexto donde la confianza en las instituciones está en juego.

El departamento en cuestión, ubicado en la calle Miró al 500, fue adquirido en mayo de 2025 por Sbabo y Viegas por 200.000 dólares, una suma que pagaron en partes iguales. Seis meses más tarde, Adorni compró la propiedad por 230.000 dólares, con un adelanto de 30.000 dólares y el saldo financiado a un año sin intereses. Este tipo de operaciones inmobiliarias, que involucran considerable sumas de dinero, generan suspicacias, especialmente cuando están ligadas a funcionarios públicos y jubilados que, en teoría, deberían estar en una situación económica más vulnerable.

Miano deberá presentarse en los tribunales a las 9 de la mañana, y se le ha solicitado que lleve consigo una serie de documentos que podrían ser clave para la investigación. Entre ellos, se encuentran facturas y comprobantes relacionados con el pago de expensas y las refacciones del departamento. Esta exigencia sugiere que el fiscal Gerardo Pollicita busca reunir la mayor cantidad de evidencia posible para esclarecer los hechos y determinar si hubo algún tipo de irregularidad en las transacciones.

Un nuevo giro en el caso se presentó recientemente con la declaración de Matías Tabar, un contratista que había trabajado en la remodelación de la casa de Indio Cuá. Tabar reveló que también estuvo involucrado en las refacciones del departamento en Caballito, aunque su participación se limitó a coordinar trabajos de carpintería. Este testimonio añade un nuevo nivel de complejidad, ya que sugiere que Adorni y su esposa, Betina Angeletti, pudieron haber realizado trabajos de mejora en la propiedad que, de ser ciertos, podrían haber incrementado su valor en el mercado.

Tabar detalló que los trabajos de carpintería incluyeron la creación de muebles específicos, como mesas de comedor y un mueble vajillero, todos encargados hacia finales de 2025. La posible utilización de efectivo y dólares para estos pagos, como ha señalado el expediente, podría ser un indicio de prácticas financieras poco ortodoxas. La naturaleza de estas transacciones, junto con las sumas involucradas, podría ser un punto crucial en la investigación y en la defensa de Adorni.

El testimonio de Miano y las revelaciones de Tabar podrían ser determinantes para esclarecer la situación de Manuel Adorni. La posibilidad de que el jefe de Gabinete haya vendido el departamento a Feijoo a un precio casi de costo, después de haber realizado significativas remodelaciones, plantea dudas sobre las motivaciones detrás de estas transacciones. En un clima de creciente desconfianza hacia la clase política, el desenlace de este caso podría influir no solo en la carrera política de Adorni, sino también en la percepción pública de la ética en la gestión pública.