El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy, impuso una multa de 320.000 euros a una empresa dedicada a la organización de festivales de música en varias comunidades autónomas de España. Según el departamento, la sanción responde a cuatro infracciones graves vinculadas con la incorporación de cláusulas que restringían los derechos de las personas consumidoras.
Entre las prácticas cuestionadas figura la prohibición expresa de ingresar al recinto con comida y bebida adquiridas en el exterior. La organización también habría establecido controles sobre los asistentes y limitado la posibilidad de volver a entrar al predio una vez que habían salido. Para acceder nuevamente durante la celebración del festival, los asistentes debían abonar un importe adicional al precio de la entrada, de acuerdo con la información difundida por Consumo.
La resolución también contempla restricciones para recuperar el dinero no utilizado mediante el sistema de pago impuesto por la organización. La empresa fijó un plazo determinado para solicitar el reembolso, añadió un cargo en concepto de gastos de gestión y excluyó la devolución de los saldos inferiores a dos euros. Además, la sanción incluye el cobro de gastos de gestión aplicados a la venta de entradas, dentro del conjunto de condiciones consideradas abusivas por el Ministerio.
