El inicio del ciclo lectivo 2026 en Argentina ha estado marcado por una serie de movilizaciones salariales que han tenido lugar en diversas provincias, abarcando desde el norte hasta el sur del país. A pesar de que algunas jurisdicciones, como Catamarca, lograron cerrar sus paritarias, la situación continúa siendo tensa, ya que los docentes autoconvocados han manifestado su descontento y mantienen sus reclamos abiertos. En otras provincias, como Córdoba, Jujuy y Río Negro, los conflictos persisten, evidenciando la complejidad del panorama educativo y salarial en el país.
El gobierno de Catamarca, liderado por Raúl Jalil, alcanzó un acuerdo paritario el 21 de marzo, después de semanas de intensas negociaciones, pero este acuerdo no ha logrado calmar las aguas. Los docentes autoconvocados han expresado su rechazo a los términos pactados, argumentando que el salario mínimo garantizado de $870.000 es insuficiente. Este monto, que incluye actualizaciones bimestrales por inflación hasta enero de 2027, dista considerablemente de los $1.300.000 que exigen los docentes, quienes sostienen que su provincia cuenta con el tercer salario docente más bajo del país, solo superando a Misiones y Mendoza.
La crítica al acuerdo no se ha hecho esperar. Bruno Corzo, referente de los docentes autoconvocados, calificó el pacto como una "farsa" y denunció que fue impuesto bajo condiciones desfavorables. Según su perspectiva, se les ha presentado como única opción aceptar el nuevo esquema salarial o arriesgar las mejoras en titularización y otros derechos laborales. Este descontento ha llevado a una fractura notable entre las bases y la Intersindical, que incluye a los gremios ATeCa, SADOP y SIDCa, quienes firmaron el acuerdo pese al rechazo de los docentes.
Las movilizaciones previas en Catamarca fueron significativas, con marchas de antorchas, cortes de ruta y acampes en diferentes localidades, mostrando la organización y la determinación de los docentes autoconvocados. Estos grupos advierten que el cierre de la paritaria hasta 2027 limita la capacidad de reacción de los trabajadores frente a la inflación y otros aumentos en tarifas y costos de vida. Corzo ha anunciado que se convocará una reunión provincial para evaluar nuevas acciones de protesta, exigiendo al gobierno la reapertura de las negociaciones paritarias.
En Córdoba, la situación es igualmente compleja. La Unión de Educadores de la Provincia (UEPC) espera recibir en las próximas horas una nueva propuesta del gobierno de Martín Llaryora. Este último ha manifestado su intención de "desacelerar y postergar obras públicas" para destinar más recursos a mejorar la oferta salarial y así intentar destrabar el actual conflicto. La nueva propuesta incluiría la eliminación de la cláusula vinculada a la evolución de la recaudación provincial, un punto que ha sido objeto de críticas por parte de los docentes.
El clima de incertidumbre y tensión se ha instalado en el sector educativo, con la posibilidad de que se afecten las clases si no se logran acuerdos satisfactorios. Los docentes continúan luchando por un salario que les permita vivir dignamente, y la respuesta de los gobiernos provinciales será crucial para determinar el rumbo de las próximas semanas. Es evidente que los conflictos docentes en Argentina no solo reflejan una lucha por mejoras salariales, sino que también plantean interrogantes sobre la calidad de la educación y el bienestar de quienes la imparten.
