Colombia registró en 2024 unas 261.000 hectáreas sembradas con hoja de coca, según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). La cifra representa un aumento del 3,5% respecto de las plantaciones contabilizadas durante 2023.
El principal crecimiento se produjo en la región del Pacífico, donde la superficie cultivada aumentó un 14%. El área pasó de 107.078 hectáreas en 2023 a 121.612 en 2024. La expansión de los cultivos ilícitos y de la producción de cocaína continúa alimentando las disputas entre grupos armados y estructuras criminales que buscan controlar corredores estratégicos, zonas de producción y rutas para sacar la droga hacia los mercados internacionales.
El aumento de estos cultivos, pese a décadas de políticas antidrogas, no puede atribuirse a un solo gobierno ni a una única decisión de política pública. Se trata de un fenómeno estructural en el que confluyen factores de seguridad, economía, presencia estatal y dinámicas internacionales del narcotráfico.
La coca tiende a prosperar en territorios donde el Estado está ausente o no logra garantizar seguridad, justicia, infraestructura, oportunidades económicas y servicios básicos. En esos lugares, las organizaciones criminales ocupan ese vacío: además de administrar el negocio del narcotráfico, pueden imponer reglas, resolver conflictos y ejercer control sobre territorios completos. También ofrecen una economía ilegal que, en esas zonas, resulta más rentable que las alternativas legales disponibles.
