En un desarrollo significativo en la investigación del caso que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el juez federal Ariel Lijo ha decidido levantar el secreto fiscal que recaía sobre él y su esposa. Esta medida se da en el contexto de un análisis exhaustivo de la evolución patrimonial de Adorni y su entorno familiar, en el cual la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) jugará un papel clave.
La investigación se centra particularmente en una propiedad ubicada en el country Indio Cua Golf Club, identificada bajo la partida 20070. A través de esta acción, la fiscalía busca obtener información detallada sobre el comportamiento fiscal relacionado con este bien, que incluye el pago del Impuesto Inmobiliario. Este requerimiento es fundamental para reconstruir el perfil patrimonial del funcionario y evaluar posibles irregularidades.
En el oficio emitido por el fiscal, se solicitó un desglose completo de los pagos realizados desde enero de 2022 hasta la actualidad. Esto incluye fechas, montos, y métodos de pago, así como la valuación fiscal del inmueble durante ese periodo. Además, se requiere información sobre deudas, intereses acumulados y planes de regularización que puedan existir en relación a esta propiedad.
El respaldo político hacia Manuel Adorni ha sido evidente, especialmente por parte del presidente Javier Milei, quien reiteró su apoyo al funcionario antes de su inminente viaje a Estados Unidos. Este apoyo contrasta con las presiones legales que enfrenta Adorni, ya que la investigación avanza en paralelo a su desempeño en el cargo. La medida de levantar el secreto fiscal se enmarca dentro de un proceso judicial que busca garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la función pública.
Por otro lado, se ha solicitado que se informe sobre cualquier dato adicional que pueda surgir de los registros de ARBA y que sea relevante para la investigación. Este pedido se encuentra bajo el amparo del artículo 196 del Código Procesal Penal, que permite al Ministerio Público realizar la recolección de pruebas de manera directa. Hasta el momento, no ha habido respuesta de la Justicia respecto a este levantamiento, aunque el organismo recaudador se encuentra preparado para recopilar toda la información necesaria.
La causa, que investiga el supuesto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni, también ha sumado una nueva declaración clave. Se trata del testimonio del hijo de una de las jubiladas que figura como acreedora en la transacción de un departamento en Caballito, vendido a Adorni por un monto declarado de 230 mil dólares. Este esquema de compra, que incluye un anticipo en efectivo y financiamiento por parte de las vendedoras, ha generado sospechas entre los investigadores debido a sus condiciones poco convencionales.
El fiscal Gerardo Pollicita, en un reciente pronunciamiento, desestimó el pedido de detención inmediata de Adorni, argumentando que no existe un “riesgo real o grave” que justifique tales medidas en esta etapa de la investigación. Esto refleja la complejidad del caso y el delicado equilibrio entre las acusaciones y la defensa del funcionario, en un contexto donde la transparencia y la justicia son esenciales para la credibilidad del gobierno.
A medida que avanza la investigación, se espera que surjan más detalles que puedan arrojar luz sobre las finanzas de Adorni y su familia. Este caso no solo pone en tela de juicio la integridad del jefe de Gabinete, sino que también plantea interrogantes sobre la gestión pública y la ética en el ejercicio del poder en Argentina.
