La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) ha tomado una medida contundente en la lucha contra la falsificación de carteles de estacionamiento destinados a personas con discapacidad. A partir de ahora, las sanciones para aquellos que se apropien de espacios reservados de manera ilegal serán significativamente más severas. Esta decisión, anunciada por el jefe de Gobierno Jorge Macri, busca erradicar prácticas fraudulentas que perjudican a los ciudadanos que realmente requieren de estos espacios para su movilidad.
El anuncio se realizó en una conferencia de prensa donde Macri enfatizó que "se terminó la avivada de apropiarse de la calle con estacionamientos truchos". Las nuevas disposiciones contemplan, entre otras medidas, multas económicas elevadas, la suspensión de la licencia de conducir y la presentación de denuncias penales contra quienes sean hallados culpables de falsificar o adulterar los carteles. Los infractores tendrán un plazo de 20 días para corregir su situación, tras el cual enfrentarán las consecuencias legales pertinentes.
Este endurecimiento de las normativas responde a un problema creciente en la capital, donde se han documentado numerosos casos de permisos falsos, carteles adulterados y, en algunos casos, autorizaciones a nombre de personas que ya han fallecido. Según estadísticas del gobierno porteño, más de 400 carteles irregulares han sido retirados en el transcurso de este año, lo que refleja la magnitud del problema. La intención de la administración es clara: asegurar que los beneficios de accesibilidad lleguen a quienes realmente los necesitan y evitar que el espacio público sea mal utilizado.
La Secretaría de Tránsito de la Ciudad se encargará de intensificar los controles sobre la señalización en la vía pública. El nuevo protocolo establece que cualquier señalización irregular será removida de inmediato, y se procederá a presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal en caso de detectarse falsificación. Antes de que se inicie cualquier causa penal, los involucrados tendrán la oportunidad de realizar un descargo, brindando así un espacio para la defensa antes de aplicar sanciones.
Además de las multas y la suspensión de licencias, la normativa introduce un criterio de responsabilidad económica directa. Esto significa que quienes sean responsables de la colocación o modificación de estos carteles deberán asumir todos los costos asociados a la remoción de la señalización y a la repintura del cordón. Esta medida busca desincentivar la instalación de carteles falsos y reforzar el respeto por los derechos de las personas con discapacidad.
El endurecimiento de las sanciones se da en un contexto de creciente preocupación por la manipulación fraudulenta de señales viales que reservan espacios específicos en la vía pública. Esta práctica no solo es una infracción administrativa, sino que también afecta directamente a los vecinos con discapacidad que dependen de estos lugares para su movilidad. Ante esta situación, el gobierno porteño ha decidido enviar a la Legislatura un proyecto que modifique el Código Contravencional, tipificando la falsificación o adulteración de carteles de estacionamiento para personas con discapacidad como una contravención.
Con estas medidas, Jorge Macri y su equipo pretenden enviar un mensaje claro: la ciudad no tolerará el abuso del espacio público y está comprometida en garantizar la accesibilidad para todos. A través de un enfoque más riguroso, se espera que se reduzcan los casos de falsificación y que se restablezca la confianza en los sistemas de apoyo para personas con discapacidad en Buenos Aires.
