En la jornada del pasado viernes, Burford Capital, conocido por financiar litigios, hizo un nuevo movimiento en su prolongada disputa legal contra Argentina. La empresa, que había demandado al país por la expropiación del 51% de las acciones de YPF en 2012, solicitó a la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York que revise un reciente fallo que favoreció a Argentina. Este pedido se produce tras la decisión de la corte, que desestimó una sentencia anterior en la que se condenaba al Estado argentino a pagar 16.100 millones de dólares a la firma española Repsol, cuya participación en YPF fue expropiada.
El abogado y analista Sebastián Maril, quien ha seguido de cerca este caso, indicó a través de un mensaje en redes sociales que Burford ha presentado formalmente la solicitud de revisión “en banc”, un proceso que permite que todos los jueces de un circuito revisen un fallo previo, en este caso, el que fue emitido por un panel de tres jueces. Maril destacó que esta forma de revisión es poco común y generalmente se concede únicamente si se establece un conflicto con decisiones anteriores del mismo circuito o si se trata de un asunto de relevancia excepcional.
Por su parte, Sebastián Soler, otro experto en la materia, coincidió en que la probabilidad de éxito del recurso de Burford es bastante reducida. Afirmó que este tipo de solicitudes son raras y requieren que la parte demandante demuestre que el fallo en cuestión contradice jurisprudencias anteriores. En este contexto, la defensa argentina no necesita presentar una respuesta formal al pedido de Burford, a menos que la corte lo requiera específicamente.
La Corte de Apelaciones tiene un plazo habitual de varias semanas para decidir sobre estas solicitudes. Si Burford no logra revertir la decisión, tendrá un tiempo adicional de 90 días para apelar ante la Corte Suprema de Estados Unidos, lo que representaría su última oportunidad para intentar cambiar el resultado favorable a Argentina. Sin embargo, las perspectivas son sombrías, tal como lo reconoció Burford en su informe trimestral, donde admitió que sus posibilidades de éxito en la Corte Suprema son muy limitadas.
Además, Burford Capital ha manifestado su intención de llevar su reclamo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), un organismo del Banco Mundial que se encarga de resolver disputas entre inversores y naciones signatarias de tratados bilaterales de inversión. En este sentido, Soler recordó que el tratado bilateral de inversiones entre Argentina y España únicamente protege a inversores españoles, lo que podría representar un obstáculo significativo para los reclamos que Burford busca levantar en el Ciadi, en particular los casos del Grupo Petersen y Eton Park.
El caso de la expropiación de YPF ha sido un tema candente en la política y economía argentina desde su ocurrencia, y la disputa con Burford Capital es solo un capítulo más en una historia que ha generado intensos debates sobre la soberanía económica y la protección de inversiones extranjeras. A medida que se desarrolla este litigio, las implicaciones para el estado argentino y su relación con inversores internacionales siguen siendo motivo de análisis y preocupación entre los especialistas del derecho y la economía.
En resumen, el camino por delante para Burford Capital se presenta lleno de desafíos legales y poco alentador. A pesar de su insistencia en luchar por lo que consideran un derecho, los expertos coinciden en que las posibilidades de revertir el fallo a favor de Argentina son mínimas, lo que deja abiertas interrogantes sobre la viabilidad de la estrategia que han decidido adoptar en esta compleja situación judicial.
