La Comisión Europea ofreció este miércoles a las autoridades locales un marco legal para adoptar medidas que restrinjan la actividad de plataformas de alquileres de corta duración, como Airbnb, y la compraventa de segundas viviendas en zonas con dificultades de acceso a la vivienda. Sin embargo, aclaró que esas políticas deberán ser proporcionales, estar adaptadas a cada área y contar con una justificación concreta, además de tener una duración limitada.
La Ley de Vivienda Asequible propuesta por Bruselas no incluirá un listado de medidas consideradas compatibles en todos los casos con la legislación comunitaria. Según fuentes comunitarias, una garantía de ese tipo sería imposible. En cambio, la iniciativa busca precisar el margen de acción de las administraciones mediante un análisis individual de cada medida, que deberá considerar su diseño, el objetivo perseguido y el impacto previsto.
La norma todavía debe ser negociada y definida por el Consejo, que representa a los gobiernos, y la Eurocámara. Una vez que entre en vigor, también alcanzará a las regulaciones que ya hayan sido adoptadas. El proyecto no implica un aval automático a prohibiciones o restricciones generales: plantea una metodología para que las autoridades locales puedan demostrar, con datos, que una determinada actividad provoca un efecto adverso significativo en el mercado inmobiliario de su territorio debido a su escala, frecuencia o carácter comercial.
De este modo, las administraciones que decidan intervenir deberán justificar la existencia de tensiones en el mercado de la vivienda y acreditar el impacto de la actividad regulada sobre esas condiciones. La compatibilidad de cada política con las normas europeas dependerá del análisis del caso concreto y de que las medidas cumplan con los criterios de proporcionalidad, justificación y limitación temporal.
