El Gobierno de Bolivia acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un programa económico de 36 meses, respaldado por el Servicio Ampliado del Fondo (SAF), que establece como objetivo la eliminación total del déficit primario del sector público no financiero. La medida implicaría un ajuste fiscal acumulado equivalente a aproximadamente el 8,5% del Producto Bruto Interno (PBI) entre 2026 y 2029.
De acuerdo con el memorando de políticas económicas y financieras difundido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el presidente Rodrigo Paz recibió una economía marcada por “vulnerabilidades sistémicas”. El documento señala un desequilibrio presupuestario del 11% y una deuda pública que superó el 80% en 2025.
El programa fue diseñado en un contexto de agotamiento de las reservas internacionales y de una brecha cambiaria. En ese marco, quedó descartada la posibilidad de que el Banco Central de Bolivia (BCB) financie el gasto público, mientras que la entidad adoptó un régimen cambiario flexible tras la unificación de los tipos de cambio oficial y de referencia.
La consolidación fiscal se apoyará principalmente en una reducción del gasto. Entre las medidas previstas figura la eliminación total de las subvenciones a los combustibles a partir de 2027, con el propósito de llevar los precios a niveles que permitan cubrir los costos. Al mismo tiempo, el Ejecutivo proyectó reforzar la asistencia social y enviar a la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto para crear un registro social unificado.
