El anuncio realizado por el presidente Javier Milei, que contempla una disminución de las retenciones al trigo y la cebada, así como la promesa de una futura baja en las retenciones a la soja a partir de 2027, ha sido recibido con entusiasmo por las distintas cámaras del sector agropecuario. Estas organizaciones aplaudieron la medida, argumentando que, a pesar de su bajo impacto fiscal, podría generar un aumento significativo en la producción y el dinamismo del campo argentino en el corto plazo. Sin embargo, este mismo anuncio no está exento de desafíos, ya que especialistas del sector advierten que la noticia sobre la reducción de retenciones para la oleaginosa podría provocar una ralentización en las liquidaciones programadas para la segunda mitad de 2026.
El tono entre los actores más relevantes del agro es unánime: la medida es un avance positivo, pero también resaltan que existen numerosas cuestiones por abordar. La Sociedad Rural Argentina (SRA) se pronunció al respecto, calificando este paso como esencial hacia una mayor competitividad en el sector, lo cual incentivaría las inversiones y fomentaría un desarrollo sostenible en el campo. No obstante, la SRA también enfatizó que el objetivo final debería ser la eliminación total de las retenciones, una meta que aún parece lejana.
Desde la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), se valoró la medida como un aporte significativo, aunque se aclaró que no transforma drásticamente los márgenes de rentabilidad en la cosecha de trigo. En relación a la soja, la confederación expresó su satisfacción por la creación de un marco de certidumbre para la producción agropecuaria y agroindustrial, aunque manifestaron que habrían preferido que los plazos para la implementación de estas medidas fueran más acelerados.
Respecto al trigo, los representantes del sector sostienen que la reducción de retenciones tendrá un efecto positivo y directo en las decisiones de siembra para la próxima campaña. Se estima que esta medida podría ayudar a revertir una disminución en la superficie sembrada que se ha calculado entre 200.000 y 500.000 hectáreas, según las proyecciones de diversas bolsas de cereales. Este contexto resalta la importancia de las políticas de incentivo para la siembra, especialmente en un momento crítico para la agricultura del país.
Los dirigentes del agro argumentan que la baja de retenciones al trigo no debe considerarse un costo fiscal, sino que se debería interpretar como una inversión que se retribuirá rápidamente. Aseguran que esta política se traducirá en un aumento de la producción y un mayor dinamismo en la economía del sector en un plazo de siete meses. Las proyecciones indican que el impacto en la recaudación para 2026 podría ser de aproximadamente 30 millones de dólares, un monto que, según el analista agropecuario Javier Preciado Patiño, se elevaría a unos 45 millones de dólares cuando se considera también la cebada.
Por su parte, Federico Machado, economista del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional, estima que el costo fiscal asociado a estas medidas podría alcanzar los 0,1 billones de pesos. Esta cifra coincide con la evaluación del jefe de macroeconomía del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Matías Rajnerman, quien también considera que el costo es relativamente bajo. A medida que el sector se adapta a estas nuevas condiciones, las cámaras empresariales celebran el avance, aunque insisten en que aún queda un largo camino por recorrer para garantizar la sostenibilidad y el crecimiento del agro argentino. Las expectativas para el próximo año sugieren que el costo fiscal en recaudación podría ser inferior a 100 millones de dólares, lo que continúa generando un debate sobre la viabilidad de estas políticas a largo plazo.
