El Ayuntamiento de Carboneras, en Almería, solicitó a la Audiencia Provincial que confirme la condena a siete años de inhabilitación especial para ejercer un empleo o cargo público impuesta al exalcalde Cristóbal Fernández, del PSOE. El exfuncionario fue condenado en marzo de 2022 por un delito de prevaricación administrativa relacionado con la adjudicación directa de las obras para reemplazar el alumbrado público del Paseo Marítimo, por un monto cercano a los 500.000 euros.
El municipio, personado como acusación particular, presentó un escrito de oposición al recurso de apelación interpuesto por Fernández. En esa presentación, pidió que se rechace la impugnación y que se mantenga en todos sus términos la sentencia dictada por el entonces Juzgado de lo Penal número 1 de Almería.
Más de cuatro años después de la resolución inicial, una diligencia de ordenación fechada el 29 de junio de 2026 requirió al Ayuntamiento que designara abogado y procurador en un plazo de tres días, bajo apercibimiento de quedar apartado del procedimiento. Luego, el Consistorio recibió el traslado del recurso para formular sus alegaciones.
La administración municipal cuestionó el planteo de la defensa sobre un supuesto “error de hecho en la apreciación de las pruebas”. Según sostuvo, Fernández intenta reemplazar la valoración realizada en la sentencia por su “interesada tesis de defensa”. El Ayuntamiento afirmó además que existe “prueba de cargo válida y suficiente” y respaldó las conclusiones alcanzadas por el órgano judicial de primera instancia.
