La causa judicial que rodea a Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino ha dado un nuevo giro que podría beneficiar a los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En este contexto, el fiscal general de la Cámara Federal de Tucumán, Rafael Vehils Ruiz, decidió no respaldar la apelación presentada por su colega Pedro Simón, quien había solicitado que el caso se mantuviera en la jurisdicción de Santiago del Estero. Esta decisión se produce en un momento crucial para la investigación que indaga sobre presuntos delitos de lavado de dinero y asociación ilícita.
La no adhesión del fiscal general a la apelación de Simón implica que el pedido de este último ha perdido un pilar fundamental en las instancias judiciales. Este hecho acerca la posibilidad de que la causa sea trasladada al juzgado federal de Campana, bajo la supervisión del juez Adrián González Charvay. La decisión de Vehils Ruiz podría ser interpretada como un debilitamiento de la ofensiva que se había gestado desde Santiago del Estero, donde se había solicitado la indagatoria y detención de los dos dirigentes de la AFA.
Aunque esta resolución no aborda el fondo de las acusaciones, sin duda transforma el panorama procesal que rodea a la causa. Al debilitar la postura del fiscal Simón, se refuerza la perspectiva de que expedientes relacionados con dirigentes del fútbol argentino sean analizados bajo la misma jurisdicción, en medio de una discusión sobre competencias que aún permanece abierta. Este movimiento judicial podría facilitar la consolidación de pruebas y testimonios, lo que a su vez podría influir en el avance del caso.
La disputa judicial se intensificó luego de que el juez Sebastián Argibay, de Santiago del Estero, decidiera remitir el expediente a Campana. Si bien Simón presentó una apelación ante esta decisión, su argumento requería el apoyo del fiscal general de Tucumán para ser considerado válido. El hecho de que Vehils Ruiz no haya respaldado su planteo deja a Simón en una posición más vulnerable, ya que su estrategia se basaba en mantener la investigación en su jurisdicción y llevar a cabo acciones contundentes contra la cúpula de la AFA.
Sin embargo, es importante señalar que el expediente no se cierra con esta decisión. Aún están pendientes definiciones sobre la competencia y posibles revisiones por parte de instancias judiciales superiores. La postura adoptada por el fiscal general, aunque significativa, no concluye el proceso y deja abiertos varios caminos a seguir en el desarrollo de la causa.
En su dictamen, Simón había dirigido sus acusaciones hacia la cúpula de la AFA, sugiriendo que una presunta maniobra ilícita podría haber comenzado en 2018. Según su hipótesis, esta maniobra estaría relacionada con la manipulación de fondos, facturación y empresas asociadas a Toviggino. Además, el fiscal identificó tres fuentes potenciales de los fondos bajo investigación: una supuesta defraudación a la AFA, la omisión de impuestos mediante facturas falsas y transacciones irregulares en el mercado de divisas.
En su acusación, Simón no solo incluyó a Tapia y Toviggino, sino que también mencionó a otros integrantes del entorno del tesorero de la AFA, que abarcarían familiares, allegados y empresarios implicados en las transacciones investigadas. La figura de Toviggino se presenta como central en el entramado delictivo que se intenta esclarecer. En cuanto a Tapia, su rol como presidente de la AFA lo coloca en el epicentro de las sospechas que se ciernen sobre la institución, lo que podría tener repercusiones significativas en el ámbito del fútbol argentino y en la confianza pública hacia sus dirigentes.
