El Gobierno argentino ha manifestado un claro interés en revigorizar el turismo interno, presentando a los parques nacionales como uno de los ejes fundamentales para impulsar esta actividad. Sin embargo, en un giro que parece contradictorio, se ha implementado un aumento significativo en los precios de las entradas a estos espacios naturales a través de la Resolución 132/2026. Los incrementos son notables: un 60% en el costo de acceso para los argentinos, un 42% para los extranjeros y hasta un 117% para los estudiantes, lo que ha generado un amplio debate sobre la viabilidad de estas medidas en un contexto donde el sector turístico se encuentra en una situación crítica.
El Secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, ha hecho hincapié en la importancia de los parques y atracciones durante su participación en el Summit 2026 de la Asociación Argentina de Parques y Atracciones (AAPA). En este evento, convocó a los empresarios a invertir en los 39 parques nacionales, prometiendo desregulaciones que permitirían atraer nuevos negocios y generar empleo. Sin embargo, el anuncio de estos aumentos en las tarifas de acceso, que se hicieron efectivos justo antes de su discurso, plantea una disonancia entre el mensaje oficial y las acciones concretas del Gobierno.
La situación es compleja y refleja una falta de armonía entre las políticas públicas y las necesidades del sector turístico. A pesar de que el Gobierno promueve al turismo como una industria clave para la recuperación económica, el encarecimiento del acceso a los parques nacionales puede desincentivar a los visitantes locales, que son vitales para el sostenimiento de este sector. Este contraste ha llevado a los empresarios del turismo a solicitar medidas urgentes para enfrentar la crisis que atraviesan hoteles y restaurantes, incluyendo la suspensión de ejecuciones fiscales hasta finales de 2026.
La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica (Fehgra) ha expresado su preocupación por la situación actual y ha pedido una serie de medidas que permitan a los empresarios sobrellevar la estacionalidad y la baja actividad que caracteriza a esta época del año. Entre sus solicitudes, se encuentra la necesidad de ajustar los planes de facilidades de pago y refinanciar deudas previas sin perder los beneficios fiscales que habían sido otorgados inicialmente. Este llamado a la acción pone de manifiesto la urgencia de abordar los desafíos que enfrenta el sector, al tiempo que se busca mantener la atracción de turistas.
Los nuevos precios establecidos por la resolución impactan en 20 áreas protegidas, con cuatro categorías de tarifas: para visitantes extranjeros, argentinos, residentes provinciales y estudiantes. Este incremento ha sido contundente, afectando a los más emblemáticos parques nacionales del país. Por ejemplo, en el Parque Nacional Iguazú, famoso por sus impresionantes cataratas, la entrada para argentinos ha saltado de $15.000 a $25.000, y para los turistas extranjeros, el costo ha pasado de $45.000 a $60.000, generando preocupación entre aquellos que planean visitar este atractivo turístico.
En el Parque Nacional Los Glaciares, ubicado en Santa Cruz, los precios también han sido ajustados; los visitantes extranjeros ahora deben abonar $50.000, mientras que los argentinos pagan $25.000. En Tierra del Fuego, aunque el costo para los turistas internacionales se ha mantenido en $40.000, los argentinos vieron un aumento de $12.000 a $18.000. Las tarifas en la región de los lagos, que incluye parques como Nahuel Huapi y Los Arrayanes, han quedado en $35.000 para los visitantes extranjeros, lo que podría limitar la afluencia de turistas argentinos que optan por disfrutar de la belleza natural del país.
Las medidas adoptadas por el Gobierno, en medio de un discurso que promueve el turismo, generan un clima de incertidumbre y descontento entre los actores involucrados. La necesidad de encontrar un equilibrio entre la protección de los recursos naturales y el acceso a estos espacios para los turistas se vuelve cada vez más urgente. En este contexto, es fundamental que las políticas implementadas no solo fomenten el desarrollo económico, sino que también faciliten el acceso a los parques nacionales, garantizando así que todos los argentinos puedan disfrutar de su patrimonio natural.
