Argentina ha dado un paso significativo en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada con la implementación de una política de "tolerancia cero". En este contexto, la Prefectura Naval Argentina (PNA), junto a la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, ha hecho efectiva una multa récord de $1.262 millones a un buque de pesca chino que operaba bajo bandera de Vanuatu. Este barco fue sorprendido realizando actividades ilegales dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA), que se extiende hasta 200 millas náuticas desde la costa, en lo que comúnmente se conoce como el “Mar Argentino”. La multa incluye costos operativos que ascienden a $799.000, lo que marca un hito en la aplicación de sanciones en este sector.

Hasta hace poco tiempo, las infracciones relacionadas con la pesca ilegal eran difíciles de sancionar debido a la falta de herramientas que permitieran a las autoridades argentinas actuar de manera efectiva. La detección electrónica y satelital, aunque efectiva, no contaba con el mismo peso legal que la identificación de infracciones “in fraganti” por parte de embarcaciones argentinas. Este aspecto ha sido un desafío considerable, dado que el vasto frente marítimo argentino está siendo explotado por una gran cantidad de buques, principalmente de origen chino, que suelen operar en los límites de la ZEEA, en una zona conocida como “Milla 201”.

En este marco, la PNA destacó el caso del barco Bao Feng, un arrastrero que había sido detectado previamente el 10 de enero realizando pesca ilegal, al navegar a una velocidad inferior a los 6 nudos y ejecutar tareas de arrastre dentro de la ZEEA. A fines de marzo, tras la confirmación de nuevas actividades ilegales, se procedió a aplicar la multa que equivale a casi un millón de dólares. Esta acción es parte de una serie de medidas que buscan frenar la depredación de recursos acuáticos en aguas argentinas.

Asimismo, la Prefectura ha identificado y sancionado a otros pesqueros, como el Hai Xing 2 y el Bao Win, que también fueron detectados operando bajo patrones típicos de actividad pesquera, con promedios de navegación que rondaban los 4,3 nudos. Estos indicios son considerados consistentes con la realización de actividades ilícitas en la ZEEA, lo que refuerza la necesidad de un control más riguroso sobre la pesca extranjera en las aguas argentinas.

Cabe resaltar que a inicios de este año, la Subsecretaría de Recursos Acuáticos implementó presunciones legales que permiten sancionar a buques extranjeros, impidiendo que aleguen “tránsito inocente” o justificaciones similares. Según estas nuevas regulaciones, un barco extranjero se considera que está pescando ilegalmente si navega a menos de 6 nudos dentro de la ZEEA y realiza cambios de rumbo que son compatibles con actividades de pesca. Esta normativa se vuelve aún más estricta en el caso de los buques “poteros”, que operan con luces para atraer al calamar, una especie muy codiciada por la flota china; en este caso, la presunción de pesca ilegal se activa si navegan a 2 nudos o menos por hora sin justificación adecuada.

La Cámara de Armadores Poteros Argentinos (CAPA) ha celebrado este avance regulatorio, destacando la importancia del uso del sistema electrónico Skylight, que ha permitido transformar información electrónica en sanciones exigibles. En un escenario donde la actividad pesquera extranjera opera frecuentemente en la oscuridad y con gran rapidez, el caso del Bao Feng representa un cambio de paradigma en el control de la pesca en la región. La CAPA ha señalado que este tipo de intervenciones son “decisivas” para asegurar la sostenibilidad de los recursos pesqueros en el país.

En conclusión, la reciente multa impuesta por Argentina representa un hito en la gestión de la pesca ilegal y podría marcar el inicio de un cambio en la forma en que se enfrentan estas actividades ilícitas. Con la implementación de nuevas herramientas y regulaciones, el país busca no solo proteger sus recursos acuáticos, sino también enviar un mensaje claro a los buques extranjeros que operan en sus aguas. A medida que se fortalece el control sobre la pesca, el futuro de la industria pesquera argentina podría verse beneficiado, promoviendo un uso más sostenible de los recursos.