La reciente votación en la Cámara de Diputados sobre el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) generó un intenso debate en torno a la reforma laboral promovida por el Gobierno. Este fondo, considerado uno de los pilares del proyecto de modernización, buscaba establecer un mecanismo para cubrir indemnizaciones por despido en el sector privado. Sin embargo, su tratamiento no estuvo exento de controversias, tanto de la oposición como de especialistas que cuestionaron su impacto en el sistema previsional.
A pesar de las modificaciones realizadas en el Senado, que incluyeron la eliminación de un artículo que generaba preocupación, el oficialismo no contaba con los votos asegurados para aprobar el FAL. Varios sectores de la oposición y bloques dialoguistas manifestaron su temor a que la nueva estructura desfinanciara el sistema previsional. Finalmente, luego de un extenso debate, el Gobierno logró la aprobación del fondo, que establece aportes obligatorios para los empleadores.
La normativa estipula que las grandes empresas deberán aportar el 1% de las remuneraciones de sus empleados, mientras que las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) contribuirán con un 2,5%. Este esquema de aportes, que se calcula sobre la base de las remuneraciones utilizadas para otras cargas sociales, ha suscitado críticas y análisis por parte de expertos, quienes advierten sobre las posibles implicaciones para la sostenibilidad del sistema de jubilaciones y pensiones en el país.
