La administración nacional ha dado un paso significativo al adjudicar dos tramos esenciales de la Red Federal de Concesiones viales, lo que permitirá que más de 1.800 kilómetros de rutas nacionales sean gestionados por el sector privado. Esta decisión forma parte de la fase II-A del proyecto y tiene como objetivo transformar el sistema operativo de estas vías, eliminando subsidios gubernamentales y promoviendo la inversión privada. La medida genera expectativas tanto en el ámbito de la obra pública como en el transporte, ya que implica un cambio en la forma en que se gestionan estas importantes arterias de comunicación.
La resolución que oficializa esta adjudicación fue firmada el 15 de mayo y ha sido comunicada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien utilizó sus redes sociales para informar sobre el avance del proceso. En su mensaje, Caputo destacó que la adjudicación incluye dos tramos clave: el Tramo Pampa y el Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur. El primero abarca la Ruta Nacional 5 hasta su empalme con la Ruta Nacional 35, mientras que el segundo integra las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery, así como las rutas nacionales 3, 205 y 226. Este nuevo esquema operativo, que se aleja de los subsidios estatales, busca asegurar que la gestión de estas vías esté a cargo de empresas privadas que prometan un servicio de calidad.
El Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur ha sido adjudicado a un consorcio integrado por CONCRET NOR SA, MARCALBA SA, POSE SA y COARCO SA. Estas empresas presentaron una oferta de 997 pesos sin IVA, que se mantendrá durante los 20 años de la concesión. Este tramo incluye diversas autopistas y rutas que son fundamentales para la conectividad entre áreas metropolitanas, zonas industriales y regiones agrícolas del país, lo que destaca la importancia de esta adjudicación en el contexto del desarrollo económico regional.
Por otro lado, el Tramo Pampa ha sido concedido a CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS DEL OESTE SA, que propuso una tarifa de 2.355,37 pesos, también sin IVA, para el mismo período de 20 años. Este segmento de la red vial es vital, ya que conecta áreas con intensa actividad agrícola y ganadera, lo que podría resultar en beneficios económicos significativos para estas regiones. La capacidad de estas empresas para gestionar adecuadamente estas rutas será crucial para garantizar un flujo eficiente del transporte de bienes y personas.
Ambos contratos estipulan que las inversiones necesarias para la modernización y el mantenimiento de la infraestructura deberán ser asumidas exclusivamente por las empresas adjudicatarias, sin que el Estado realice aportes o otorgue subsidios. Esta estrategia tiene como finalidad elevar los estándares de calidad y eficiencia en la gestión vial, un aspecto que se considera clave para mejorar la experiencia de los usuarios. Según las palabras del ministro Caputo, el objetivo es lograr “mejores estándares de servicio para los argentinos”, lo que implica un compromiso por parte de las empresas para cumplir con estas expectativas.
El proceso de adjudicación ha sido competitivo, con la participación de numerosos consorcios y empresas que presentaron propuestas económicas. Para el Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur, el segundo mejor postor fue un grupo conformado por PANEDILE ARGENTINA SAICF e I, SUPERCEMENTO SAIC y ELEPRINT SA, que ofertó una tarifa de 1.057,85 pesos, lo que demuestra el interés y la capacidad del sector privado para participar en la mejora de la infraestructura vial del país. Este tipo de iniciativas podría ser un indicativo de un cambio más amplio en la gestión de proyectos de infraestructura en Argentina, donde la inversión privada podría jugar un papel cada vez más importante en el desarrollo económico nacional.
