El abogado Gregorio Dalbón, representante legal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), expresó su desacuerdo con el procesamiento emitido por el juez penal económico Diego Amarante contra la cúpula directiva de la entidad. En declaraciones recientes, Dalbón anunció su intención de apelar la resolución y aseveró que el fallo, que abarca 140 páginas, está destinado a ser anulado. Afirmó que el procesamiento de los directivos de la AFA "es una pieza jurídica condenada a caer", y presentó seis argumentos que, según él, demostrarían que la decisión no podrá resistir el escrutinio de la Cámara Nacional en lo Penal Económico.

El fallo del juez Amarante incluye a destacados miembros de la AFA, como el presidente Claudio "Chiqui" Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y el secretario general Cristian Malaspina, así como a los ex directivos Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Lorenzo. Todos ellos han sido procesados por la retención y omisión de impuestos y contribuciones que superan los 19.000 millones de pesos entre 2024 y 2025. A su vez, la AFA fue considerada responsable como persona jurídica por apropiación indebida de tributos, un delito que se repitió en 34 ocasiones, además de la apropiación indebida de recursos de la seguridad social en 17 oportunidades. Como consecuencia, tanto la AFA como los directivos han visto embargados sus bienes por un total de 350 millones de pesos cada uno, y se les ha impuesto la prohibición de salir del país sin autorización judicial.

El punto central del argumento de Dalbón radica en una contradicción que él señala en el fallo del juez. Según su interpretación, Amarante admite que la deuda tributaria en cuestión ya ha sido completamente saldada. "Cero pesos de deuda con el fisco. Eso está en el fallo, con esas palabras", destacó el abogado. Esta afirmación plantea la pregunta crítica: si no existe un perjuicio fiscal permanente y si el Estado no ha perdido dinero, ¿dónde se encuentra el delito? Dalbón sostiene que el procesamiento se basa únicamente en el hecho de haber realizado los pagos con retraso, aunque enfatiza que "pagar tarde no es apropiación indebida cuando el propio Estado suspendió la ejecutoriedad de esas deudas".

Por otro lado, el juez Amarante defiende su resolución argumentando que el delito se consuma al no pagar las deudas en el plazo estipulado, es decir, dentro de los 30 días desde que se retuvieron las obligaciones. En su análisis, el magistrado subraya que durante los meses en que se debían los pagos, se realizaron "significativas transferencias de sponsors" a las cuentas de la AFA, lo que indicaría una clara disponibilidad de fondos para cumplir con las obligaciones fiscales. Amarante también resalta el papel central de Tapia dentro de la estructura de toma de decisiones de la AFA, lo que aumenta su responsabilidad, mientras que destaca que la firma de Toviggino aparece en todos los cheques emitidos por la entidad, evidenciando su control sobre las finanzas.

En cuanto a la exigibilidad de las obligaciones, Dalbón argumenta que la AFA se ha respaldado en cinco resoluciones emitidas por el Ministerio de Economía (números 17/2024, 617/2024, 1445/2024, 1066/2025 y 2109/2025), las cuales, según él, justifican la demora en los pagos, ya que el Estado había suspendido la ejecución de las deudas. Estos elementos, según el abogado, son fundamentales para sostener su defensa y demostrar que la AFA actuó dentro del marco legal, lo que contradice la interpretación del juez.

Este caso, que involucra a la principal entidad del fútbol argentino, ha generado un gran revuelo en el ámbito deportivo y legal, y podría tener repercusiones significativas en la gestión de la AFA y su liderazgo. A medida que avance el proceso de apelación, se espera que se presenten más detalles y argumentos que puedan influir en el resultado final de este conflicto. La defensa de Dalbón también plantea interrogantes sobre la aplicación de la ley y la interpretación de las normativas fiscales en Argentina, aspectos que merecerán atención a medida que el caso progrese. La situación se mantiene en desarrollo, y la AFA se enfrenta a un escenario incierto en el que la resolución de este conflicto podría marcar un antes y un después en la gestión del fútbol argentino.