La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha tomado medidas drásticas ante los incidentes que ocurrieron en el cierre de la temporada futbolística, proponiendo sanciones económicas y el cierre temporal de los estadios de tres clubes españoles. La situación ha generado un fuerte debate sobre la seguridad en los eventos deportivos y la responsabilidad de los clubes en garantizar un entorno seguro para sus aficionados.
En un comunicado oficial, la Comisión ha solicitado una multa de 200.000 euros y el cierre de los Campos de Sport de El Sardinero, hogar del Real Racing Club de Santander, por los disturbios que se produjeron tras el partido contra el Real Valladolid, el 16 de mayo. Durante esta celebración, que marcó el ascenso a LaLiga EA Sports, se registraron varios incidentes preocupantes, incluyendo una invasión del campo y el uso de bengalas por parte de los aficionados. La Policía Nacional, a través de un informe de la Oficina Nacional de Deportes, destacó que el evento había sido considerado de alto riesgo.
El informe también indica que la cantidad de personas que intentaron acceder al estadio superó la capacidad permitida. Muchos aficionados, que aguardaban afuera para unirse a las celebraciones, lograron entrar al recinto por cuatro puertas sin ningún tipo de control, lo que generó situaciones de gran peligro, incluyendo aplastamientos y caídas, donde varios niños resultaron afectados. Las imágenes de las cámaras de seguridad son contundentes y muestran que uno de los vigilantes de seguridad facilitó el acceso al abrir una de las puertas, incentivando a los hinchas a ingresar.
La Comisión ha calificado estos eventos como infracciones muy graves, conforme al artículo 21 de la Ley 19/2007, y el Racing ha sido objeto de propuestas de sanción en 17 ocasiones desde la temporada 2015-2016. Este historial de incidentes plantea serias preguntas sobre la gestión de seguridad del club, así como la eficacia de las medidas preventivas implementadas en los partidos de alto riesgo.
En paralelo, la Comisión también ha propuesto el cierre del Estadio de Riazor, donde juega el Real Club Deportivo de La Coruña, por un mes y una sanción de 80.000 euros. Este pedido surge de los incidentes ocurridos durante el enfrentamiento contra la UD Las Palmas el 31 de mayo, que incluyeron una invasión masiva del terreno de juego y la activación de artefactos pirotécnicos. Se reportaron daños en la infraestructura del estadio, incluyendo el desgarramiento de césped y la retirada de asientos del graderío, lo que comprometió la seguridad de los presentes.
Las acciones de la afición, que fueron registradas por el coordinador de seguridad del estadio, generaron un ambiente de riesgo significativo. Afortunadamente, los servicios de Cruz Roja pudieron atender a cinco personas con lesiones leves, sin que se requiriera el traslado a un centro médico. Sin embargo, la situación pone de manifiesto la necesidad de una supervisión más estricta en los eventos deportivos para evitar que estos incidentes se repitan.
El informe policial también ha revelado el apoyo de algunos jugadores hacia grupos ultras, en particular durante la vuelta de honor al terreno de juego. Este comportamiento ha suscitado críticas y ha llevado a cuestionar la relación entre los clubes y sus hinchas más radicales. La conexión entre los jugadores y estos grupos puede ser vista como un respaldo implícito a conductas peligrosas, lo que añade una capa extra de complejidad a la ya delicada cuestión de la violencia en el deporte.
En resumen, las sanciones propuestas por la Comisión Estatal no solo buscan castigar a los clubes responsables, sino también enviar un mensaje claro sobre la intolerancia hacia la violencia y el desorden en el deporte. La preocupación por la seguridad en los eventos deportivos se vuelve cada vez más relevante, y las medidas que se tomen en este sentido serán cruciales para preservar la integridad de las competiciones y la protección de los aficionados.
