El juez federal Daniel Rafecas ordenó el procesamiento de ocho altos cargos iraníes y de Hezbolá, acusados de intervenir en la organización y la ejecución del atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido en Buenos Aires el 18 de julio de 1994. El ataque provocó 85 muertes, dejó 151 personas heridas y causó graves daños materiales.

La resolución, de más de 600 páginas, establece embargos de 500 millones de dólares para cada uno de los acusados. Todos fueron procesados en ausencia, ya que se encuentran fuera del país.

Según el fallo, la decisión de cometer el atentado fue adoptada en agosto de 1993 por las máximas instancias del régimen iraní y luego encomendada a Hezbolá. La organización habría coordinado la operación mediante una red de apoyo en América Latina.

La investigación judicial determinó que los responsables adquirieron el 10 de julio de 1994 una furgoneta Renault Trafic, que fue acondicionada y cargada con 300 kilos de amonal y TNT. Ocho días después, el vehículo fue utilizado para concretar el ataque contra la AMIA.

Los hechos fueron encuadrados como homicidios y lesiones reiteradas, agravados por odio racial o religioso y por el uso de un medio capaz de generar peligro común. La resolución también incluyó el delito de daño agravado por motivos discriminatorios.

Además, Rafecas calificó el atentado como un crimen de lesa humanidad y sostuvo que también puede ser considerado dentro de la figura de genocidio, conforme a los términos del derecho internacional.