La Cámara Nacional en lo Penal Económico tomó una determinación clave este viernes, resolviendo que la investigación sobre la mansión ubicada en Pilar, cuya valuación asciende a 17 millones de dólares, debe continuar en la Ciudad de Buenos Aires. Esta decisión contradice la solicitud de los principales acusados, quienes habían pedido que el caso se tramitara en el juzgado federal de Campana, argumentando que la propiedad se encuentra en esa jurisdicción.
Los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio fueron los responsables de esta resolución, que implica el retorno del expediente al Juzgado Federal de Garantías en lo Penal Económico N° 10, bajo la dirección de la jueza Verónica Straccia. Además, ordenaron que se remitan todas las actuaciones que se habían llevado a cabo en Campana, marcando un giro significativo en el avance de la causa.
El objetivo principal de esta investigación es determinar si la compra de la mansión en Villa Rosa, Pilar, junto a una flota de vehículos de colección que podría alcanzar casi los cuatro millones de dólares, está vinculada a maniobras de lavado de activos. Este aspecto es crucial, ya que la presunta irregularidad implica a figuras relevantes del fútbol argentino, específicamente a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia.
Entre los principales implicados se encuentran Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, quienes son parte de la empresa Real Central SRL, que figura como propietaria de la mansión. La investigación busca establecer si estos individuos actúan como testaferros de dirigentes de la AFA y si los fondos utilizados para la adquisición de estos bienes tienen su origen en recursos de la entidad que regula el fútbol argentino.
El inicio de esta investigación se remonta a una denuncia presentada por la política Elisa Carrió y Facundo Del Gaiso, quienes plantearon serias inquietudes sobre la capacidad económica de Real Central para justificar la adquisición de la propiedad, valorada en 1,8 millones de dólares. Este hecho genera dudas sobre la legalidad de la transacción y abre la puerta a un análisis más profundo de la situación financiera de los involucrados.
La disputa que llevó el caso a la Cámara de Apelaciones se centraba en la jurisdicción que debía manejar la causa. Mientras los defensores argumentaban que el juzgado de Campana debía hacerse cargo por la localización de la propiedad, la fiscalía sostenía que la naturaleza de los delitos investigados requería la intervención del fuero penal económico. La resolución de los camaristas enfatizó que la pesquisa no se limita solo a la compra de un inmueble, sino que abarca un conjunto más amplio de operaciones económicas, financieras y societarias, que se habrían realizado al menos en parte en la Ciudad de Buenos Aires.
El fallo también hace un repaso de las diversas ampliaciones de denuncia que se han agregado al expediente, describiendo cómo la investigación ha evolucionado hacia un análisis más amplio de las relaciones económicas y patrimoniales entre diversas personas y entidades. Los jueces señalaron que el núcleo de la causa radica en un complejo entramado de vínculos económicos y societarios que requieren un examen exhaustivo, lo que justifica su permanencia en el ámbito del fuero penal económico.
