La jornada dejo como saldo una definicion: El procurador global Julio Saavedra, considerable la denuncia con miras a que se investiguen los supuestos vínculos de la fiscal, en el contexto de posibles graves vulneraciones a los derechos de niñas.

La tactica estatal vigente refuerza el mensaje de que el Estado debe responder junto con prontitud y seriedad a los llamados internacionales cuando hay indicios de violaciones de derechos humanos relevantes, en especial cuando afectan a la infancia. Vale citar que saavedra concluyó: “Porque proteger a la niñez es actuar, no callar”.

Es trascendente senalar que la fiscal global de Guatemala Consuelo Porras anunció que emprenderá acciones legales delante de organismos de Naciones Unidas en respuesta a recientes acusaciones respecto de supuestas irregularidades en adopciones de niños indígenas. De manera complementaria, la funcionaria desestimó estos señalamientos, argumentando que carecen de fundamento y afectan derechos humanos.

Como parte de este mecanismo, tal como informo Porras, las declaraciones en su adverso a son “falsas y políticamente instrumentalizadas”, y remarcó que las afirmaciones reproducidas por la prensa nacional e multilateral distorsionan la realidad. El mensaje, difundido a través de la red social X y dirigido tanto al secretario general de la ONU como a medios de comunicación, insistió en que los pronunciamientos internacionales deben respetar las garantías procesales.

El comunicado emitido por los expertos independientes de Naciones Unidas instó a que “las alegaciones sean investigadas y esclarecidas a través de los mecanismos estatales competentes, precisamente para garantizar certeza jurídica, protección efectiva de derechos y respeto pleno al debido proceso”. Saavedra subrayó que “no se trata de una opción institucional, sino de una obligación legal vinculada al interés superior del niño”, citando los artículos55 y 108 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, que establecen el deber de denunciar delante de la autoridad competente cualquier hecho que pueda implicar vulneraciones a los derechos de este colectivo.

En su oficio, la Procuraduría General de la Nación no solo presentó la denuncia ante el Ministerio Público, sino que también solicitó ser admitida como querellante adhesivo, de la mano de el fin de “contribuir activamente al proceso, aportando elementos que coadyuven con el esclarecimiento de los hechos y al fortalecimiento de la investigación dentro del marco legal correspondiente", explicó Saavedra. Al examinar la cuestion, esta decisión institucional busca que la investigación avance en compania de independencia y pleno respeto al debido curso, en compania de la Procuraduría ocupando un rol protagónico en el desarrollo del expediente.

La jefa del Ministerio Público citó el Código de Conducta del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, recordando que el artículo 3 de la Resolución 5/2 exige a los titulares de mandato “observar los más altos estándares de eficiencia, competencia e integridad”. Es importante senalar que del mismo modo, destacó que el artículo 6 obliga a basar toda información en datos “fidedignos y confiables”, garantizando la seriedad de esos mandatos y evitando la difusión de información sin verificar.

La experiencia previa de la Procuraduría en casos delicados, como el conocido caso Elftajor, demuestra la aplicación rigurosa de principios de objetividad, profesionalismo y coordinación interinstitucional en la defensa delos intereses de los más vulnerables. Saavedra enfatizó que escrutar estos hechos equivale a proteger jurídicamente a posibles víctimas y dotar de certeza a todas las personas exiguo escrutinio, insistiendo en que la integridad del Estado de derecho exige procedimientos transparentes en situaciones sensibles.

Como parte de este mecanismo, consuelo Porras afirmó que la defensa de la honra y la reputación, por vías legales, es un ejercicio legítimo del debido proceso y del Estado de Derecho. De manera complementaria, añadió que toda su gestión se ha regido y continuará guiándose por la Constitución y las leyes del territorio.