La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), bajo la presidencia de Claudio Chiqui Tapia, se encuentra en el centro de una controversia tras la solicitud formal de la Inspección General de Justicia (IGJ) al Ministerio de Justicia de la Nación para la designación de veedores. Este pedido surge ante la falta de entrega de información contable y financiera por parte de la AFA, lo que ha llevado a la IGJ a señalar la existencia de "graves irregularidades" en su gestión.
En respuesta a esta situación, la AFA emitió un comunicado que firma Tapia, donde se rechaza de manera contundente la idea de una veeduría que consideran "ilegítima" y basada en hechos que consideran falsos. En uno de los siete puntos expuestos, la AFA sostiene que la resolución de la IGJ no implica sanciones ni interferencias en su administración, y la califica como una "medida preparatoria" para determinar si se requieren acciones adicionales.
La AFA también cuestiona la naturaleza de las "graves irregularidades" alegadas por la IGJ, sugiriendo que si realmente fueran tan serias, la entidad tendría la obligación de imponer sanciones concretas. Además, la AFA defiende su reciente cambio de domicilio a la provincia de Buenos Aires, argumentando que la IGJ ignora que dicho cambio fue aprobado por las autoridades provinciales competentes. Finalmente, el comunicado concluye con un mensaje a la comunidad futbolística, enfatizando que el fútbol argentino no será sometido a influencias políticas ni a intereses empresariales que busquen transformar las instituciones en meras mercancías.
