Este lunes, el Consejo de la Magistratura dio un paso significativo al desbloquear un concurso que se encontraba estancado desde septiembre de 2022, destinado a cubrir ocho vacantes en juzgados nacionales de primera instancia en el fuero civil. Este proceso, conocido como Concurso Público de Oposición y Antecedentes N° 471, tiene como objetivo seleccionar candidatos para los juzgados 31, 35, 45, 67, 70, 75, 96 y 103 en la Capital Federal. La relevancia de este hecho radica en que, por primera vez, se propone la aplicación de un nuevo reglamento de la Corte Suprema que aún está en discusión, lo que podría modificar la forma en que se realizan estas selecciones.
El fuero civil en Argentina enfrenta una situación crítica, con un total de 20 vacantes en trámite dentro del Consejo de la Magistratura, además de 17 más que están bajo revisión en el Ejecutivo y 14 que ya han sido enviadas al Senado. Esto pone de manifiesto la necesidad urgente de cubrir estas posiciones, ya que el funcionamiento del sistema judicial depende en gran medida de la disponibilidad de jueces capacitados. Por ello, la reactivación de este concurso no solo es un avance administrativo, sino un paso crucial para garantizar el acceso a la justicia en el país.
Los consejeros César Grau y Jimena De La Torre, quienes han estado al frente de esta iniciativa, solicitaron a Fernanda Vázquez, presidenta de la Comisión de Selección y Escuela Judicial, que organice las entrevistas personales para el concurso N° 471, programando fechas para los días 19, 21, 26 y 28 de mayo, así como el 2 y 4 de junio. Estas entrevistas son una etapa fundamental en el proceso de selección, ya que determinarán el orden de mérito de los candidatos que se enviará al Poder Ejecutivo para su consideración.
Sin embargo, este proceso no está exento de controversias. Críticas han surgido en torno al reglamento de selección de magistrados vigente, especialmente en lo que respecta a la discrecionalidad que puede impactar en el posicionamiento de los postulantes. En este sentido, Grau y De La Torre han propuesto aplicar los criterios de evaluación establecidos en el artículo 92 del nuevo Reglamento de Concursos que fue aprobado por la Corte Suprema mediante la Acordada N° 4/2026. Esa normativa establece un puntaje máximo de 20 puntos que un candidato puede obtener en su entrevista, buscando así limitar el margen de discrecionalidad que el reglamento actual permite.
El argumento presentado por los consejeros es que la implementación de criterios de evaluación claros y previamente establecidos no solo fortalecería la transparencia del proceso, sino que también brindaría previsibilidad a los concursantes y contribuiría a la legitimidad del resultado final. Esta propuesta se alinea con los principios de objetividad, imparcialidad y no discrecionalidad que son fundamentales en un sistema judicial democrático y eficiente.
La decisión sobre la aplicación de este nuevo reglamento recae en la presidenta de la comisión, Fernanda Vázquez, quien debe considerar las opiniones divergentes que puedan surgir en torno a la propuesta de Grau y De La Torre. Asimismo, es importante recordar que el proyecto de modificación del Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados se encuentra actualmente en debate, lo que añade un nivel adicional de complejidad a la situación.
Recientemente, se han escuchado críticas al proyecto de modificación por parte de diversas organizaciones, incluyendo la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales. Esta oposición subraya la necesidad de un diálogo continuo y constructivo que permita alcanzar un consenso en torno a la selección de magistrados, asegurando que el proceso sea justo, equitativo y transparente para todos los postulantes.
