El contratista responsable de las obras en la residencia del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ha hecho declaraciones impactantes ante la Justicia. En su testimonio, Matías Tabar afirmó que recibió pagos en efectivo por un total de 245 mil dólares, sin la correspondiente facturación, lo que ha encendido las alarmas en el marco de una investigación por posible enriquecimiento ilícito. Esta declaración se llevó a cabo en los tribunales de Comodoro Py, bajo la supervisión del fiscal federal Gerardo Pollicita, y ha suscitado un intenso interés mediático y público.

Tabar, quien está asociado al grupo Alta Arquitectura, explicó que los trabajos de remodelación se realizaron a lo largo de varios meses en una propiedad de aproximadamente 400 metros cuadrados ubicada en el country de Indio Cúa, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz. De acuerdo con su relato, las obras no solo incluyeron la mejora de pisos y paredes, sino que también se llevaron a cabo significativas intervenciones en el exterior, como la instalación de una piscina y la construcción de una cascada. Este nivel de gasto ha generado interrogantes sobre la procedencia de los fondos utilizados para financiar tales reformas.

La propiedad, que figura a nombre de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, fue adquirida en 2024 por un monto cercano a los 120 mil dólares, cifra que contrasta notablemente con los 245 mil dólares que el contratista afirma haber recibido para las remodelaciones. Esta discrepancia ha llevado a la Justicia a investigar si las inversiones realizadas en la vivienda corresponden a los ingresos que Adorni y su familia han declarado ante las autoridades fiscales. La situación es especialmente delicada, ya que pone en tela de juicio la transparencia y la legalidad de las transacciones financieras del funcionario.

La defensa de Adorni ha salido a desestimar las acusaciones de enriquecimiento ilícito, argumentando que el Jefe de Gabinete puede justificar los más de 100 mil dólares que ya ha invertido en propiedades, además de otros 335 mil que, según sus palabras, todavía debe pagar. Sin embargo, las autoridades judiciales están decididas a profundizar en la investigación y han convocado a otros testigos, como Leandro Miano, quien tiene vínculos con el entorno inmobiliario del funcionario. Las declaraciones de Miano podrían ser cruciales para esclarecer la red de pagos y la naturaleza de las transacciones realizadas.

Un aspecto que ha generado especial atención es la situación registral de la vivienda en Indio Cúa. Aunque la escritura de la propiedad fue firmada en noviembre de 2024, aún no aparece registrada a nombre de Adorni y su esposa, lo que plantea dudas sobre la legalidad de la propiedad. Este detalle, sumado a los pagos en efectivo y la falta de documentación adecuada, ha alimentado la sospecha de que se estarían ocultando detalles relevantes sobre la adquisición y el financiamiento de la propiedad.

Mientras la investigación avanza, el fiscal Pollicita ha solicitado la obtención de documentación, registros y comprobantes que permitan reconstruir el circuito de pagos relacionados con las obras en la casa de Adorni. La transparencia en la gestión pública es un pilar esencial en cualquier democracia, y este caso podría tener implicaciones significativas no solo para el Jefe de Gabinete, sino también para la percepción pública sobre la integridad del gobierno. La sociedad espera respuestas claras y contundentes que disipen las dudas en torno a este asunto.

Las repercusiones de este caso no solo afectan la imagen de Adorni, sino que también ponen de relieve la necesidad de una mayor regulación y supervisión en las obras públicas y privadas que involucran a funcionarios del gobierno. La confianza en las instituciones se ve amenazada ante la posibilidad de irregularidades en la gestión de los fondos públicos y en la declaración de bienes por parte de quienes ocupan cargos de responsabilidad en el Estado.